«El odio se siembra fácil y luego crece muy rápido»

ANDER AZPIROZ | MADRID

Estrella Galán lleva ocho años al frente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), una organización que desde 1979 vela por el respeto de los derechos humanos y el acceso al asilo de los refugiados obligados a abandonar sus países de origen por persecuciones o conflictos armados.

—La inmigración se ha convertido en un tema central del debate político ¿Hasta qué punto puede resultar esto peligroso?

—Es una seria amenaza. No es peligroso que se hable de migraciones y que estén en la agenda política. Todo lo contrario, es un desafío lo suficientemente importante como para que se visualice y se trate con la importancia que requiere. Lo que resulta muy grave es que se use como arma política. Esto no solo es un riesgo para los migrantes y las organizaciones que defienden los derechos humanos, lo es para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y de Europa. Nos estamos jugando la convivencia porque el odio es algo que se siembra con mucha facilidad y crece muy rápido.

—Teniendo en cuenta los resultados en Andalucía ¿teme que el mensaje antiinmigración que defiende Vox pueda calar entre la población española?

—Cuajar puede, lo estamos viendo. Sorprendentemente, Cear trabaja en toda España y Andalucía es uno de los lugares donde más fácil nos resulta la integración de las personas refugiadas. El mensaje fácil ha calado ante la desafección que vive la población porque canaliza ciertas frustraciones que sufrimos todos. Se ha comprado este discurso porque es muy fácil buscar un cabeza de turco. Todos los movimientos radicales se basan en una reacción agresiva de las grandes mayorías contra las minorías más vulnerables, a las que culpan de todos los males sociales. Una cuestión crucial es pasar de la emoción que cada uno puede sentir a formarse una opinión con información real para gestionar estos mensajes que llegan.

—¿Tiene algo de cierto en lo que sustentarse este discurso radical contra la inmigración?

—En absoluto. Afortunadamente muchos medios de comunicación están contrarrestando con datos este discurso, cosas como que inmigrantes y refugiados copan la sanidad pública o que se llevan todas las becas de guardería. Al contrario, los datos son objetivos y lo que demuestran es que ellos aportan más de lo que reciben.

—El PP ha endurecido su discurso sobre la inmigración ¿Qué opinión le merece este giro?

—Nos preocupa muchísimo. Trabajamos con los dos gobiernos de Mariano Rajoy en materias de asilo. Podían tener una visión más o menos progresista hacia el fenómeno pero nunca fueron radicales ni antiinmigración, fueron responsables. Ahora ves un giro con mensajes absolutamente fáciles que no aportan nada, que como decía antes van directamente a la emoción. Hacer un uso de este tipo de discurso es echar gasolina sobre una ciudadanía que siempre ha demostrado estar abierta a la convivencia intercultural. Es importante que se acepte que esta sociedad ya es diversa y que no hay marcha atrás. Poner sobre la mesa añoranzas al pasado y culturas puristas es irresponsable. Podemos hablar de violencia de género y ver si al frente de las estadísticas está la población autóctona o la migrante. Esas costumbres que tanto halagamos a veces no son tan buenas y también merecen una revisión.

—¿Ha cambiado algo en materia de migración y refugiados con el PSOE en el Gobierno?

—Enseguida percibimos un cambio de narrativa y eso es muy positivo. Se mostró claramente que las migraciones y el refugio iban a ser una prioridad, y así lo manifestaron en múltiples ocasiones el presidente del Gobierno, el ministro del Interior o la de Trabajo. Hubo gestos muy aplaudidos pero después del verano se han tomado decisiones que, desde luego, no han sido muy coherentes con aquella narrativa inicial.

—¿Cómo valora que España acabe de firmar en Marrakech el primer pacto mundial sobre las migraciones de la ONU?

—Ahora es el momento de demostrar la coherencia absoluta con los compromisos firmados. El pacto habla de no detener en Cies a inmigrantes como primera medida de tratamiento de personas en situación irregular. España mantiene esta política respecto a los Cies y si es coherente con el pacto estos centros tienen que ser el último recurso.