'CASO BOTELLA'
Cuatro de los ocho condenados ejercen cargos públicos en Madrid
Entre los castigados figuran dos viceconsejeros del Gobierno regional, un concejal del Ayuntamiento madrileño y otro edil de Torrejón de Ardoz
La exalcaldesa de Madrid Ana Botella
Cuatro de los ocho condenados por vender viviendas públicas a fondos buitre del grupo Fidere ejercen actualmente cargos públicos en el ámbito madrileño, siempre dentro de las filas del Partido Popular. Dos de ellos son viceconsejeros del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid presidido por el 'popular' Angel Garrido, mientras que los otros dos ocupan concejalías de ese partido en los ayuntamientos de Madrid y Torrejón de Ardoz.
Los dos condenados con mayor rango político son Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y José Enrique Núñez, viceconsejero del departamento de Justicia. Sanjuanbenito fue delegado de Medioambiente en el equipo municipal de gobierno de Ana Botella, mientras que Núñez estuvo al mando del frente del área de Seguridad y Emergencias, además de ejercer como portavoz del Gobierno municipal y, posteriormente, como primer teniente de alcalde.
En una escala inferior se encuentran Pedro Corral, que actualmente preside la Comisión de Cultura y Deportes en el Ayuntamiento de Madrid; y María Dolores Navarro Ruiz, concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Los dos son hoy en día ediles elegidos en las listas del Partido Popular.
Fuera de la política
El resto de condenados no ejercen cargos públicos en la actualidad. La exalcaldesa Ana Botella está retirada de la política; el exconsejero delegado del EMVS Fermín Oslé trabaja en una empresa privada; Concepción Dancausa dejó de ser delegada del Gobierno en Madrid cuando Rajoy fue desalojado de la Moncloa, y Paz González tuvo que dimitir como diputada autonómica al aparecer su nombre en la investigación del 'caso Lezo'. Los ocho condenados han anunciado su intención de recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas.
Madrid denunciará más ventas de pisos sociales de Botella
Además, el Ayuntamiento de Madrid estudia denunciar la venta de 1.860 viviendas públicas en 2013 y pedir su nulidad, a la vista de la sentencia del Tribunal. Marta Higueras, explicó que iniciarían este proceso por segunda vez, pues tuvieron que archivarlo en abril cuando un informe del consejo asesor de la Comunidad de Madrid, vinculante, se posicionó en contra.