El Gobierno ve más cerca la aprobación de los Presupuestos pese a los avisos de sus socios
Presenta las cuentas como artillería contra Vox e insiste a Esquerra y PDeCAT con más inversión en Cataluña.
La ministra de Hacienda, la portavoz del Gobierno y la responsable de Economía. ÁNGEL DÍAZ
paula de las heras | madrid
El Gobierno se mostró ayer «optimista» con la posibilidad de aprobar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2019, con los que Pedro Sánchez aspira a garantizar su plan de agotar la legislatura. Las fuerzas independentistas catalanas, en medio de una visible división interna, siguen sin aclarar su posición, y Podemos, el socio fundamental y con el que ya pactó en octubre el documento que sirvió de base para la elaboración de las cuentas, amenaza ahora con tumbarlas si no ve implementadas todas las medidas acordadas. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio muestras de tranquilidad.
La principal responsable de la cuadratura de los números del Estado aseguró a Podemos, por un lado, que cuando el Ejecutivo firma un acuerdo «lo cumple». Y por otro, ratificó lo que ya se había dejado caer desde el Gobierno la jornada anterior, que Cataluña recibirá más dinero y que por primera vez en muchos años se cumplirá la disposición adicional tercera de su estatuto de autonomía, esa que instaba a equiparar por siete años la inversión del Estado al peso del PIB catalán sobre el conjunto la economía española (en el momento en el que se aprobó el ‘Estatut’ era un 18% y ahora estaría en torno a un 19,3%).
«Me parece muy difícil que algunas formaciones políticas puedan obviar que estos Presupuestos contemplan medidas que incrementan las pensiones, el salario mínimo interprofesional, la capacidad de proteger a los más vulnerables, partidas de dependencia, mayores ingresos de entregas a cuenta a la Generalitat o un incremento de inversiones», dijo así en alusión a PDeCAT y Esquerra, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el proyecto gubernamental.
Consciente de que en su intento de seducir al independentismo, el Gobierno puede alentar un discurso de agravio entre comunidades, la ministra también insistió en algo apuntado ya por la titular de la cartera de Política Territorial, Mertixell Batet, que el Gobierno no solo pretende cumplir con Cataluña sino también con otras autonomías que tienen en sus estatutos previsiones similares a la del texto catalán, como Andalucía o la Comunidad Valenciana.
Tanto la ministra de Hacienda como la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, remarcaron además que el Gobierno no entrará a negociar con las formaciones independentistas nada que no tenga que ver con las partidas presupuestarias, es decir, que no hablará de la situación de los presos pendientes de juicio en la causa del proceso secesionista o de un referéndum de autodeterminación, exigencias que todavía mantienen sobre la mesa incluso los sectores más posibilistas de PDeCAT y Esquerra. «Son cuestiones -remarcó Celaá- que corresponden estrictamente al Poder Judicial».
Lo cierto es que sea cual sea la respuesta de los independentistas, con el calendario anunciado ayer lo que está ya claro es que Sánchez evita un adelanto electoral a marzo. Aun así, es obvio que el Ejecutivo pretende utilizar las cuentas como munición para los próximos comicios. Tanto Celaá como Montero insistieron en su carácter social y las presentaron incluso como artillería contra Vox. «Estos Presupuestos blindan derechos y libertades cuestionados por otras fuerzas políticas entregadas a la nostalgia», dijo la portavoz. Hasta aseguró que con partidas como las destinadas a la lucha contra la violencia machista se protege a las mujeres «de los maltratadores, de los asesinos y de aquellos que pretenden retirar ayudas o destrozar pactos que tan esforzadamente se han logrado conseguir» o que son unos Presupuestos que «amparan y defienden a la vez el diseño territorial que establece la Constitución». «Ni división ni centralismo predemocrático», añadió.
Con este tipo de mensajes, el Gobierno del PSOE pretende situar el debate político en el eje izquierda-derecha para movilizar al electorado progresista, aparentemente distanciado por la cuestión territorial, pero también dejar caer a las fuerzas catalanas que ambos tienen un mismo enemigo a batir. Enemigo que se vería reforzado si Pedro Sánchez cae.