Junqueras y Romeva alegan que el fin del proceso judicial es "la criminalización" del independentismo

El exvicepresidente del Govern y el 'exconseller' de Exteriores, Oriol Junqueras y Raül Romeva, alegarán en el juicio que se iniciará próximamente en el Tribunal Supremo que el objetivo final de este es criminalizar al independentismo.

Según consta en el escrito de defensa de Junqueras y Romeva, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el que abrió la causa, y todas las fuentes de prueba "no son otra cosa que el fruto de dicha irregular investigación instrumentalizada a los fines de la criminalización de los independentistas catalanes".

En su relato de lo acontecido en Cataluña tras las elecciones del 2015, señalan que el referéndum no formaba parte del programa de Govern, pero se incluyó "a raíz de la propuesta del 'president' Carles Puigdemont durante la cuestión de confianza a que se sometió en el Parlament el 29 de septiembre del 2016". Asimismo, subrayan que la celebración de un referéndum de independencia es apoyada por "el 80% de la población en Cataluña".

Por tanto, prosiguen, la única "decisión de ejecución unilateral" que se llevó a cabo fue "la de decidir convocar e impulsar" la consulta. "Votar nunca puede ser delito y, de hecho, no lo es según el Código Penal español", recuerdan.

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

Junqueras y Romeva consideran que en la instrucción ha habido "un frontal desprecio de los derechos fundamentales" de los investigados, y se ha llevado a cabo "una auténtica causa general contra el independentismo catalán impregnada de la filosofía sobre la que descansa el derecho penal del enemigo". Y subrayan que el impulso inicial del procedimiento provino de "la extrema derecha política", en alusión a Vox, que está personado en el proceso como acusación particular. "Los movimientos políticos que tanto preocupan en la Europa democrática moderna son quienes siguen definiendo el ámbito de actuación de los tribunales", añaden.

Sobre la protesta de los días 20 y 21 de septiembre ante la Conselleria de Economia a raíz del registro de la Guardia Civil, la defensa de los dirigentes republicanos sostiene que fue "legal", que "no se impidió" ni se "frustró" ninguna actuación judicial, y que "no se atacó ni se lesionó a nadie". Asimismo, acusan a la secretaria judicial de ofrecer "una versión sesgada que sirvió de perfecta excusa para la construcción de un relato apocalíptico de los hechos acaecidos que resultó a la postre muy útil a las tesis de acusación y crucial para el encarcelamiento " de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Centrándose en el relato de lo acontecido el 1-O, Junqueras y Romeva insisten en que la única violencia se ejerció por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, "centrándose en generar imágenes de violencia inusitadas que pudieran (seguramente a su entender) atemorizar a los votantes e impedir su participación en dicho referéndum o bien escarmentarles por haberlo hecho".

VÍA DE DIÁLOGO

Por último, destacan sus esfuerzos por hallar una "vía de diálogo" en los días posteriores al 1-O y la "intensa" negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a entablar negociaciones, rechazando incluso una mediación internacional. "Dicha negociación no es una quimera", añaden, antes de recordar los acuerdos logrados entre el Reino Unido y Escocia o entre Canadá y Quebec.

Por todo ello, la defensa concluye que la causa contra los políticos y líderes independentistas "es un ejemplo de instrumentalización de un proceso penal para la persecución de un movimiento que, pacíficamente, ansía un objetivo político legítimo en democracia". Y sostiene que el resultado del juicio supondrá una muestra del "mantenimiento o derogación de los valores democráticos".