Diario de León

Los PGE de Sánchez no contentan a casi nadie, ni siquiera a los suyos

Las comunidades socialistas critican que las cuentas tienen en cuenta el peso del PIB y la población y olvidan la cohesión.

Imagen del ejecutivo de la Generalidad de Cataluña. TONI ALBIR

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agencias | madrid

El proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2019 presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez no contenta a casi nadie y menos a las comunidades gobernadas por el PP, pero tampoco ha sido bien encajado por algunas autonomías donde mandan los socialistas.

Ni siquiera están satisfechos en Cataluña, pese a que la inversión real en esta comunidad —2.051,38 millones— aumenta un 52 por ciento, porcentaje que se eleva hasta el 66 por ciento si se suman los 200 millones del primer pago del déficit de infraestructuras que reclama la Generalitat.

La consejera de Presidencia y portavoz del Govern catalán, Elsa Artadi, ha emplazado a Sánchez a saldar los «incumplimientos» en materia de inversiones en Cataluña por otros mecanismos si al final no se aprueban los PGE.

Artadi ha recalcado que, pese a este aumento de la inversión que se acerca al PIB catalán (de alrededor del 19 % en 2017), el Estado «no cumple ni este año ni desde el 2008 con el Estatut».

Para el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, las cuentas de 2019 son «un auténtico despropósito», ya que la intención de Sánchez es «contentar a los independentistas» que le están dando soporte «para que continúe un día más en la Moncloa». Garrido se ha quejado de que estos presupuestos sean «el peor uso que se ha hecho jamás de dinero público» y los ha calificado de «discriminatorios, sectarios y lesivos» para su comunidad.

Un diagnóstico en el que ha coincidido su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, «Se confirma la peor de las previsiones», ha dicho Núñez Feijóo, en cuya opinión Galicia «pierde» con el proyecto presupuestario, que «está pactado con Podemos y con el independentismo catalán». Las cuentas, a su juicio, significarán más deuda para los gallegos y, en cuanto a inversiones en infraestructuras, son «insuficientes» en ferrocarril e «inservibles» en carreteras y autovías.

Muy duro ha sido el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, quien ha afirmado que pedirá explicaciones al jefe del Ejecutivo por «regar de millones al separatismo catalán» en las cuentas para 2019, para «pagar el peaje de seguir en la Moncloa». Ceniceros ha avanzado que su Gobierno exigirá formalmente la constitución en un mes de la comisión bilateral entre el Estado y La Rioja y ha dicho que, de no convocarse, «se reclamará por vía judicial».

Desde sus autonomías

Pero las críticas han llegado también desde gobiernos autonómicos socialistas, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, discrepa «enormemente» con la distribución de las inversiones del Estado. Ruiz Molina ve «con preocupación» ese reparto porque se ha tenido en cuenta el peso del PIB y la población, es decir, la renta per cápita, en lugar de priorizar la convergencia y la cohesión.

En Baleares, MÉS, que gobierna en coalición con el PSOE, considera que son unos números «pésimos» para las islas, en palabras de su diputado Antoni Reus, mientras que la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares han criticado el recorte del 11,7 por ciento en la inversión prevista para el archipiélago. Y desde las comunidades que han visto la posibilidad de ampliar sus inversiones, la satisfacción es evidente.

Así, el consejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, ha afirmado que se ha pasado «de las migajas» del anterior Gobierno central a «un gran pastel de inversiones», ya que ese territorio recibirá 1.190 millones, equivalente a un 9,8 por ceinto del total, cifra que recoge su peso poblacional y su participación en el PIB estatal, algo que no ocurría desde hacía 15 años.

Vicente Guillén, consejero de Presidencia de Aragón, ha valorado el incremento de 130 millones de euros en las inversiones previstas en la comunidad, que suponen una subida del 32 % respecto al año anterior, hasta los 539 millones, y que son «la mayor cantidad» desde 2011, pese a lo que el Gobierno de Aragón seguirá exigiendo que las partidas «se ejecuten».

Su homólogo de Asturias, Guillermo Martínez, ha señalado que el proyecto de presupuestos responde a las necesidades de los ciudadanos, por lo que espera que obtenga «los respaldos necesarios» para que sea aprobado y entre en vigor. La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil, ha dicho que le «gustan» las cuentas, que «crecen un 25 % respecto a 2018», y la inversión real aumenta un 27 %, hasta 492 millones de euros -de ellos unos 377 para el AVE y el tren convencional-, lo que supone más de 100 millones de euros respecto al año anterior.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado «engaños y atropellos» con las islas en relación con los compromisos presupuestarios de 2018 y 2019, aunque se ha comprometido a hacer «todos los esfuerzos» para mejorarlos mediante el diálogo, el entendimiento, la firmeza y la presión, pero constató que de momento ha sido imposible.

«Es imposible que se tramiten»

La consellera y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha advertido de que «la probabilidad de que se tramiten» los Presupuestos del Estado es «muy baja» porque el independentismo va a vetar las cuentas si el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no aporta una solución «política» para Cataluña. Artadi ha considerado que PDeCAT y ERC, las dos formaciones independentistas con representación en el Congreso de los Diputados, están «encarados en la misma dirección».

Artadi ha insistido en que, si el presidente Sánchez «no tiene voluntad» de aportar una solución para la situación política de Cataluña a raíz del proceso soberanista, «no se pueden aprobar los presupuestos ni se tramitarán». «Nos gustaría tramitarlos, porque querría decir que Sánchez pasa al diálogo efectivo y ofrece una solución política que respete los derechos de los catalanes, pero evidentemente no estamos aquí», ha lamentado.

En este sentido, la consellera de Presidencia ha remarcado que «la probabilidad de que se tramiten los presupuestos» en el debate de totalidad previsto para principios de febrero «es muy baja».

No obstante, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, propondrá mañana a la vicepresidenta Carmen Calvo la creación de una «mesa de negociación» sobre el «conflicto» catalán, que la Generalitat quiere que opere haya o no presupuestos estatales. Así lo ha anunciado ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern. Artadi ha destacado que «pase lo que pase» con los presupuestos esto no significará que, por parte del Govern, se abandone la voluntad de «seguir negociando» con el Ejecutivo de Sánchez. Es una vía en la que el Govern pretende ahondar el jueves en Madrid, en el encuentro que mantendrán Artadi y Aragonès con Calvo.

Será, según la portavoz, una «reunión preparatoria» de futuras citas entre gobiernos que debe servir para dar «continuidad» al documento acordado entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y Quim Torra el pasado 20 de diciembre en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, en el que se emplazaron a un «diálogo efectivo».

Tras constatar que los resultados han sido «escasos» hasta ayer, Artadi ha avanzado que el jueves plantearán la creación de «una mesa de negociación formal, estable y con mediadores neutrales» para abordar una solución política al «conflicto» político en Cataluña.

Rápido ha estado el presidente de Ciudadanos, Albert Ruvera, que ha rechazado el «chantaje» de los nacionalistas con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales.

Rivera ha hecho estas declaraciones en un encuentro organizado por la Cadena Ser al ser preguntado por la exigencia de los nacionalistas al Ejecutivo sobre una mesa de diálogo sobre autodeterminación para aprobar los presupuestos.

«A los chantajistas no hay que aceptarles nunca el chantaje», ha aseverado el presidente de Cs, quien se ha preguntado si Sánchez piensa que «dándoles concesiones permanentes les va a contentar» porque «no van a parar hasta que se carguen este país». Por ello, ha instado al jefe del Gobierno a que deje de «intentar contentar a los que nunca van a estar contentos» y piense en la «gente moderada», en la clase media española que espera «unos presupuestos distintos».

El líder de Ciudadanos se ha mostrado contrario a la «política de apaciguamiento» de Sánchez, al que ha acusado de tener una visión «cortoplacista» y ha defendido la necesidad de poner fin al «paréntesis negativo» de la historia de España y volver a «tender puentes entre constitucionalistas».

«Todo es reversible»

Por su parte, Unidos Podemos ya ha descartado presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado lo que supone que, a pesar de que exige al Gobierno que cumpla todas las medidas de su pacto, no obstaculizará su tramitación y confía en que el Ejecutivo desarrolle su acuerdo íntegro en los dos próximos meses. Ione Belarra, ha reconocido que todas las partidas presupuestarias del acuerdo «están presentes en gran medida» en el borrador. Lo que faltan, ha añadido, son el resto de medidas que forman parte del acuerdo «político», que no tienen que reflejarse en el proyecto presupuestario y que están «lejos de cumplirse». En este sentido, ha avanzado que esto es «reversible» y confían en que en los próximos dos meses y medio de tramitación en el Congreso el Gobierno demuestre voluntad política y recoja, entre otras, su exigencia de presentar un nuevo real decreto de vivienda que frene los alquileres abusivos o de actualizar las pensiones con el IPC por ley.

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