La Fiscalía respalda a una compareciente que se negó a responder al PP en el Senado

La Fiscalía ha respaldado el derecho a no declarar de una compareciente a la que el PP llevó ante la comisión de investigación de partidos del Senado por la supuesta financiación ilegal del PSPV y que se negó a responder a ninguna pregunta porque podía verse perjudicada en el proceso judicial que investiga el asunto.

En un escrito remitido al Senado, la Fiscalía Superior de Madrid explica que es obligado comparecer ante una comisión pero que prima el derecho constitucional a guardar silencio acerca de cuestiones "que puedan perjudicar la situación jurídica del compareciente", por delante del derecho de las Cámaras a obtener información, a controlar o a investigar.

Así ha respondido la Fiscal Jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a las dudas que le planteó la Mesa del Senado a petición del PP tras haberse negado a responder a las preguntas en esa comisión Lucía Pascual, una exempleada de Crespo Gomar, llamada a declarar por un supuesto caso de financiación ilegal en Benidorm.

"No voy a contestarle", fue la respuesta de la compareciente a las sucesivas preguntas de Luis Aznar, portavoz del PP en la comisión, alegando que era el consejo de su abogado porque iba a ser llamada a declarar en el procedimiento judicial abierto y podía verse perjudicada.

Enfadado con la situación, el PP reclamó a la Mesa del Senado que presentara un escrito ante la Fiscalía para aclarar lo ocurrido y por si cabía denunciar a la compareciente. El Ministerio Público ha respondido que los hechos no constituyen delito y ha archivado las diligencias.

COLISIÓN DE DERECHOS

La Fiscalía explica que existe un derecho constitucional de las Cámaras a obtener documentación e información para llevar a cabo su labor de control al Ejecutivo o de investigación. Pueden para ello constituir comisiones de investigación ante las que es obligado comparecer si se es citado y que de no hacerlo, está prevista una sanción penal. En este contexto, hay un "deber de declarar", aunque no existe ninguna norma "que imponga específicamente" ese deber ni ninguna que sancione no hacerlo.

Al mismo tiempo, está protegido también el derecho constitucional a guardar silencio, "ya sea por verse afectado por el secreto profesional ya sea por ser perjudicial a los interese de la que declara".

De esta forma, se puede plantear "una colisión" entre un derecho y otro: el de las Cámaras a obtener información y el del compareciente a guardar silencio.

LÍMITES AL PREGUNTAR

En el escrito de la Fiscalía de Madrid se explica que "parece evidente" que hay unos límites al deber de declarar ante el Parlamento de acuerdo con la Constitución, límites que se deberían "respetar" al formular preguntas al compareciente. Fuera de esos márgenes, sin embargo, se "estaría obligado" a dar explicaciones.

Estos límites son al menos tres: hay derecho a no declarar sobre cuestiones "ajenas al asunto de interés público" por el que se ha creado la Comisión; sobre cuestiones que pueden perjudicar a la propia situación jurídica, porque "en ningún caso" se puede obligar al compareciente a declararse culpable o a declarar contra sí mismo; y sobre asuntos que se conocen bajo la condición de secreto profesional.

La conclusión de la Fiscalía es que en este punto en concreto la compareciente decidió guardar silencio porque podía verse afectada su situación jurídica, "un derecho de carácter fundamental que prima sobre el derecho de información de la comisión de investigación y, por tanto, debe prevalecer".

El Ministerio Público añade que los hechos no pueden ser considerados constitutivos de delito y que archiva las diligencias abiertas ante la reclamación del Senado.

OBLIGACIÓN DE DECLARAR

Luis Aznar ha explicado que este escrito "ampara el deber de declarar" en las comisiones aunque admita unos límites. A su juicio, queda claro que el deber de responder a las preguntas va ligado a la obligación de comparecer y a la "propia actividad y finalidad de estas comisiones".

El portavoz del PP ha destacado también que la Fiscalía recuerda además que hay una "obligación de veracidad" y que el Código Penal sí prevé sanción específica por mentir. Advierte Aznar que se está amparando así la posibilidad de presentar denuncia si se prueba que algún compareciente no ha dicho la verdad ante la comisión.

En cuanto a los límites que señala la Fiscalía y que amparan el silencio de un compareciente, Aznar ha dicho que son los que recoge la Constitución y ha defendido que "en todo caso se han respetado" en el Senado.