La UCO acusa a Eduardo Zaplana de cobrar mordidas por 10,5 millones
La Guardia Civil sitúa al exministro y presidente valenciano como cabecilla de una red corrupta ubtítulo cuerpo 16 principal 1 línea.
El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana. MORELL
agencias | madrid
El expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y al menos dos de sus supuestos testaferros cobraron mordidas por adjudicaciones públicas que pudieron alcanzar los 10,5 millones de euros, según concluyen los investigadores del caso Erial.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta que «se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles».
Asimismo, los investigadores creen que Zaplana es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos de varias mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, a empresas radicadas en Luxemburgo tras ser beneficiarias de las adjudicaciones con ocasión de la concesión de la explotación administrativa de uno de los lotes de la ITV y de los parques eólicos de la Comunitat Valenciana. Según consta en el sumario, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros.
En Luxemburgo
Parte de estos sobornos fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.
Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV. La sociedad Imision Internacional es una firma radicada en Luxemburgo y controlada por Beatriz García Paesa, aunque fue participada posteriormente por Joaquín Barceló, supuesto testaferro de Zaplana (según detalla el fiscal en varios de sus escritos), mientras que Fénix Investments es una sociedad igualmente ubicada en Luxemburgo pero propiedad de Juan Francisco Garcia, exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV.
Tanto Imision como Fénix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios.
Finalmente, el grupo Sedesa abonó cerca de 8,5 millones de euros a las citadas firmas en el extranjero en concepto, supuestamente, de comisiones y sobornos. En contraprestación, el grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos, unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las «mordidas» pudieron suponer el 10 % del negocio total.
En la investigación se ha concluido que Imision no ha retornado todos sus fondos a España, ya que de 6,4 millones de euros únicamente se ha acreditado el retorno a España de 2,9, a través de una entramado de sociedades.