La Fiscalía desmenuza el plan violento del ‘procés’ la víspera del ‘jefe’ Junqueras

MATEO BALÍN | madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo se enfrenta hoy a una de las sesiones marcadas en rojo en el calendario del juicio del ‘procés’, el interrogatorio a Oriol Junqueras, procesado como «jefe principal» de la rebelión y al que piden 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación.

En ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, los fiscales deberán convencer a los siete magistrados del tribunal de que el líder de Esquerra Republicana fue el «promotor» de un «plan concertado» que preveía el uso de la violencia. Un proceso secesionista que tenía como finalidad obligar al Estado a negociar la independencia de Cataluña. No va a ser una tarea sencilla para los acusadores públicos, quienes tendrán que sostener con eficacia los hechos concretos que imputan a Junqueras. Esto es, su papel central como arquitecto del ‘procés’ e impulsor de esa movilización necesaria para concretar los objetivos separatistas durante septiembre y octubre de 2017. Un órdago cuyo brazo ejecutor era la activación de una «masa de fuerza» ciudadana y policial (Mossos d’Esquadra) para enfrentarse «con éxito» a las fuerzas de seguridad del Estado, según considera la Fiscalía.

Pero antes del trascendental interrogatorio, los fiscales del Supremo calentaron ayer motores. Javier Zaragoza y Fidel Cadena sacaron toda la artillería argumental para rebatir la vulneración de derechos fundamentales denunciada en la primera sesión del juicio por las defensas de los 12 procesados.

Lo hicieron, sobre todo Zaragoza, con mucha vehemencia. Una puesta en escena que, en el tono y en las formas, sonó más bien a una suerte de informe de conclusiones finales. Un trámite previsto para la última sesión de cualquier vista oral.

La exposición de ayer fue tan clara, profunda y directa que deja poco margen de maniobra a cualquier intento de rebajar el delito de rebelión atribuido a nueve de los acusados. Zaragoza, un fiscal curtido durante años en la jefatura de la Audiencia Nacional —terrorismo, narcotráfico o crimen organizado—, se explayó durante una hora ante el tribunal. Entre sonoros matices grandilocuentes, aseguró que este es un juicio «en defensa de la democracia española y del orden constitucional», y advirtió de que «nadie está por encima de la ley».

«Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas», respondió a los abogados más activos de la defensa, que el martes plantearon la vista como una «causa general» al independentismo.

«Nada más lejos de la realidad», añadió frente a los que dijeron que se va a juzgar «la capacidad de la democracia para tolerar la discrepancia política y la protesta ciudadana».

«Muros humanos»

Para Zaragoza, este no es un juicio político y exponer lo contrario «es una falacia de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos». Recalcó que el ejercicio de los derechos políticos no justifica sustituir la Constitución por una «legalidad paralela», «imponer coactivamente un proceso de segregación territorial», desobedecer al Tribunal Constitucional y «llamar, promover o agitar a miles de ciudadanos que, como muros humanos, han protegido urnas y centros electorales sabiendo que se les abocaba al choque violento».

Su compañero Fidel Cadena, que coincidió con Zaragoza en la misma promoción universitaria en la capital aragonesa entre 1972 y 1977, abundó en la consumación de la violencia durante el ‘procés’. Contó que su uso estaba previsto desde el comienzo, como apunta el documento ‘Enfocats’, incautado en el despacho del investigado Josep María Jové y que establecía la hoja de ruta secesioni sta. Según Cadena, se trata de una comunidad que, «desde la más absoluta unilateralidad», decidió separarse de España. Un «cóctel explosivo» que obligó a activar el artículo 155, ya que «no existía otra posibilidad de volver a la legalidad».

Mucho más lineal y técnica fue la representante de la Abogacía del Estado. Rosa María Seoane no entró en cuestiones de calado, quizá porque el papel de los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia ha sido muy cuestionados, después de que se decantaran por acusar solo por sedición (delito contra el orden público) y no por rebelión (delito contra el orden constitucional).

Balcones a 400 euros al día

Las mejores vistas al Supremo están en la calle del General Castaños. A las fincas con los números 7 y 9 llegaron los telediarios para improvisar una subasta por el telefonillo. La oferta partió en 300 euros, según una fuente de uno de los edificios. Los vecinos del 7 rechazaron la propuesta. «Yo no alquilo, no», respondió ofendido un hombre elegante que salía a caminar ayudado por su bastón.

En el portal de al lado sí mostraron interés. Así que comenzó la puja. El primero en alzar la mano, dicen los vecinos, fue La Sexta por 400 euros el día. Otros dos lograron ese medio metro cuadrado para su trípode: RTVE y un canal británico, aseguraban. El lunes, tres cámaras y ayer, una sola en la segunda planta. «A los demás vecinos les molesta que estén subiendo y bajando por las escaleras», dijo uno. «Había más gente cuando vinieron los Jordis. Ahora estamos cansados de todo esto. Por aquí sólo se habla de lo que costará el juicio».

Estos tres propietarios de los balcones fueron los únicos comerciantes de la zona claramente beneficiados por el juicio del procés. El bar más conocido de los habituales al tribunal se llama, como no podía ser de otra forma, El Supremo. Allí las ventas no aumentaron significativamente, asegura el encargado. El bar está en una calle, la del Marqués de la Ensenada, bloqueada por las barreras policiales. A su lado, la librería Lex Nova. Su mesa de novedades se alzaba en la acera vacía. «Han cortado los dos accesos y no circulan los clientes», advertía Ester Vallejo, la librera. «Los comercios pequeños lo notamos mucho. Lo podemos asumir un día o dos, pero esto va para largo».

Poco amarillo

Los miembros de la plataforma Silenci se detuvieron frente a un policía que custodiaba un acceso de Bárbara de Braganza. Querían pasar para hablar con la «secretaria de Llarena». Eran cuatro y venían de Tarragona, donde cada día realizaban una «acción para que jueces y fiscales de rebelen», contó Luis Pastrana, su líder. Sus bufandas amarillas y los carteles enrollados en sus manos eran la única pincelada de color que había por los predios del Supremo. El grupo instaló su «acto de silencio estricto» en el Paseo de Recoletos. «No ha venido más gente de Cataluña porque trabajamos pero supongo que el 16 de marzo sí se moverán», afirmó Paqui.