La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar a Trapero
Fotografía de archivo de Josep Lluis Trapero. ANDREU DALMAU
r. C. | madrid
La Sección Primera de la Sala Penal confirmó su competencia para juzgar al exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero, al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, al exdirector del cuerpo autonómico Pere Soler y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana por los delitos de rebelión de los que la Fiscalía acusa a los tres primeros y de sedición a Laplana. Todos ellos están encausados por la supuesta pasividad de los agentes autonómicos durante el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía en el registro del 20 de septiembre de 2017 y la presunta inacción del cuerpo para impedir el referéndum del 1-O. En un auto, los magistrados desestiman la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de este procedimiento planteada por la defensa de Puig, a la que se había adherido la de Soler y en la que el fiscal informó a favor de mantener la competencia del órgano central.
Las dos defensas que habían cuestionado la competencia consideraron que los delitos de rebelión y sedición no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional. La Sala entiende que la atribución de la competencia en estas materias a un órgano centralizado y especializado es conforme a la Carta Magna, y mantienen que el Constitucional ya despejó cualquier duda sobre la constitucionalidad de la conexión de los delitos de terrorismo y rebelión.
Justificar la violencia
La Fiscalía no está del todo satisfecha del desarrollo de las dos primeras semanas del juicio del procés. Es consciente, según admiten fuentes de la institución, que en estas seis primeras sesiones apenas ha logrado poner el foco en la supuesta violencia durante la intentona secesionista de otoño de 2017, y que sin esa violencia su acusación por rebelión -y por la que reclama penas de hasta 25 años de cárcel a alguno de los procesados- no se sostiene jurídicamente. No conseguir una condena por rebelión (o siquiera una condena por rebelión en grado de tentativa) para los principales implicados, sabe el Ministerio Público, sería un rotundo fracaso. Pero la Fiscalía está convencida de que en breve va a revertir esta situación. Los fiscales contaban con que el interrogatorio de los acusados iba a ser el momento de mayor debilidad de sus tesis, con todos ellos enrocados en que no hay pruebas de la más mínima violencia.