El PP reclama la suspensión de las ruedas de prensa «electoralistas» del Gobierno
Los populares denuncian ante la Junta Electoral las comparecencias del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros .
nuria vega | madrid
Apenas convocadas las elecciones del 28 de abril, a la Junta Electoral Central ya le toca ejercer de árbitro entre el Gobierno y la oposición. El PP recurrió hoy ante este órgano los «viernes sociales» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que el pasado 1 de marzo aprobó los primeros decretos leyes de carácter social que, disueltas las Cortes, tendrían que ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso. «Solicito -reza el texto de los populares- que se tomen las medidas necesarias para suspender las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en lo que se refiere a estas medidas electoralistas».
El PP no sólo confía en que la Junta Electoral Central frene las comparecencias en las que se haga «propaganda» desde la Moncloa. Además, reclama que se advierta al Gobierno sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento.
La multa, y cita el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, «será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares».
A juicio del partido de Pablo Casado, el Ejecutivo, de continuar con la aprobación y posterior publicidad de los decretos leyes, estaría vulnerando esta norma, que establece que «desde la convocatoria de elecciones queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos».
El presidente del PP ya avanzó el pasado lunes que este sería el primer paso de su partido. Y la portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, tampoco descartó presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. En la reclamación que firma el diputado Juan Carlos Vera como representante ante la Junta Electoral, los conservadores vuelven a reivindicar la «igualdad entre los actores» que participan en los comicios y avisan de que también los medios de comunicación públicos, como TVE, deben mantener una «estricta neutralidad» en período de elecciones. «Esta campaña de aprobaciones y su difusión tiene un claro tinte electoralista y puede condicionar la formación de la voluntad de los electores antes los comicios del 28 de abril», denuncia el PP en su reclamación formal.
En el texto recoge unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el 25 de febrero: «Estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas». Y adjuntan el minutado del Telediario de TVE el 1 de marzo tras el Consejo de Ministros. «El tratamiento (.) -sostienen- fue de un claro apoyo a esas medidas».
Casado, que visitó ayer Pamplona para sellar su coalición electoral con UPN, reprochó también a Sánchez que aproveche los actos en los que participa como jefe del Ejecutivo para hacer balance de lo que su Gobierno ha impulsado. Eso, advirtió, entra «en el terreno de la gravedad». «Supera a ZP», añadió en referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El PP no será, en todo caso, el único partido en recurrir a la Junta Electoral Central.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, criticó este miércoles los «mítines» en la Moncloa y anunció que los liberales emplearán «todas las herramientas legales» a su alcance, incluida la reclamación ante este órgano, para «evitar el uso electoralista de las instituciones españolas».
Plazo de alegaciones
El PSOE auguró poco futuro a la denuncia del PP. «Este es un país libre y cada uno puede hacer el ridículo como considere -replicó el diputado socialista Rafael Simancas-. Puede ir a la Junta, al Tribunal de Estrasburgo o a Naciones Unidas». También fuentes de la Moncloa defendieron que el Gobierno se ha ajustado a la ley y trasladaron su confianza en que la resolución final así lo contemple. La Junta Electoral ha dado al Ejecutivo de plazo hasta el jueves a las 13 horas para presentar sus alegaciones. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros son el «canal oficial», también en «períodos preelectorales», para comunicar a la opinión pública las medidas adoptadas.