Puigdemont buscaba 22.800 millones para la futura república catalana
La Guardia Civil sostiene que el Govern negoció con China un préstamo de 11.000 millones.
m. balín/m. sáiz pardo | madrid
Carles Puigdemont y su Govern tenían las cuentas claras, según la Guardia Civil. Para declarar la independencia y que la nueva república catalana fuera viable, al menos en los primeros compases hasta que la Hacienda catalana comenzara a funcionar, iban a necesitar 22.800 millones de euros. Y había «mucha preocupación» entre los responsables de la Generalitat por tener lista esa cifra, porque sabían que sin dinero en ese futuro banco central el nuevo Estado no era viable. «No podía sobrevivir», dijo ayer un testigo.
Este cabo de la Policía Judicial de la Guardia Civil fue el encargado de analizar el proyecto económico del ‘procés’. Explicó al tribunal que toda la contabilidad sobre la independencia fue descubierta en septiembre de 2017 en poder del entonces secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. El volumen de datos que el instituto armado descubrió en manos de este hombre de confianza de Oriol Junqueras fue «espectacular», en palabras del agente. Había información sobre «aduanas, catastro, agencia tributaria, facturas de viajes al extranjero.». Hasta que esa Hacienda diera sus primeros pasos había que tirar de otras cuatro fuentes, de acuerdo con la información que la Guardia Civil se incautó a Salvadó. La primera partida debía venir del «sector público catalán», del que el Govern esperaba obtener 4.500 millones de euros. La segunda pata recaudatoria iba a ser los ayuntamientos, de los que Puigdemont contaba con que podrían aportar otros 6.000 millones; 1.300 millones debían llegar de lo que el investigador de la Guardia Civil definió, sin especificar, como «ingresos propios». Y la última partida, la más importante, debía de venir de China. «Se encontró un correo en un pendrive, sin remitente, que reflejaba que pidieron 11.000 millones de financiación a China», explicó el agente, sin abundar más en el tema porque nadie en la sala le pidió más datos. «Con eso pensaban tirar hasta que tuvieran una estructura tributaria propia», apuntó el agente.