Un informe elaborado por la Generalitat desaconseja aplicar el mandato del 1-O
El documento asegura que existen dos vías aún sin explorar para celebrar un referéndum acordado.
cristian reino | barcelona
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantiene el pulso e insiste en que el objetivo de su mandato es hacer efectiva la independencia proclamada el 27 de octubre de 2017. Forma parte de una retórica republicana, que no se corresponde con lo que mantienen los secesionistas en privado ni con lo que dice un informe interno del Gobierno catalán, lejos del ruido diario del ‘procés’.
Titulado ‘Democracias y referéndums de independencia’, ofrece una visión más realista que la de Torra, apunta a un cierto aterrizaje y a la búsqueda de alguna salida al pleito catalán que no incluya el derecho de autodeterminación. Hasta la fecha, en el independentismo no se contemplaba ninguna propuesta que no pasara por la reivindicación de un referéndum. El informe firmado por el catedrático Ferran Requejo para el Instituto de Estudios del Autogobierno, organismo dependiente de la Consejería de la Presidencia, señala dos maneras de «solucionar el problema político catalán de fondo». En primer lugar, a través de un referéndum acordado. Este punto ha estado en todos los documentos del secesionismo desde el inicio del ‘procés’ en 2012. La novedad es que por primera vez se apunta que una propuesta acordada entre Madrid y Barcelona de reforma territorial podría ser una solución estratégica.
En cambio, el documento de la Generalitat no apuesta por la implementación del resultado del referéndum del 1-O, a pesar de que Torra insiste casi a diario que su gobierno tiene un mandato democrático para hacer efectiva la República. La vía unilateral, por tanto, queda aparcada por poco realista. Además, esta propuesta «conduciría, previsiblemente, a una nueva aplicación del artículo 155 de carácter más intenso y más dilatado en el tiempo que el vigente en el último trimestre de 2017».
El informe del Instituto de Estudios de Autogobierno señala que aún quedan dos alternativas para celebrar un referéndum de acuerdo con la legalidad española y que no se han puesto en práctica. Son vías inexploradas, aunque los autores son bastante escépticos al respecto. Por un lado, plantean la reforma de la normativa ya existente de 1980 sobre referendos y, por el otro, la propuesta de una reforma constitucional que ampare el derecho a decidir de Cataluña.