Negociar y negociar, la tarea de los partidos tras el 26-M

Entre mítines, encuentros con militantes y paseos electorales, la nueva legislatura ha echado a andar marcada por la suspensión como diputados de los cuatro presos preventivos por el 'procés'. Mientras la derecha acusaba al PSOE de tratar de aguantar hasta que pasara la triple cita electoral del 26-M, la Mesa acabó tomando una decisión que ya ha costado críticas y hasta peticiones de dimisión a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Apenas han pasado cuatro días desde la constitución de la Cámara Baja, pero los aspavientos y golpes en los escaños que cubrían las variopintas fórmulas con las que sus señorías acataron la Constitución ya dejaban entrever los ánimos caldeados de una legislatura que arranca en campaña electoral y en la que las negociaciones que se avecinan -entre ellas, el nuevo Gobierno- se antojan muy complicadas.

Está previsto que el Rey inicie la ronda de consultas con los líderes políticos y proponga a un candidato a presidir el Gobierno a partir de la próxima semana, un formalismo previo a la investidura que esta vez trae algunos puntos de conflicto. Junts per Cataluña ha pedido que sea el preso Jordi Sànchez quien aparezca en la lista que Batet debe entregar a Felipe VI. En principio, los partidos pueden enviar a cualquiera de sus dirigentes, sean o no diputados, pero en el caso de los presos preventivos es el Tribunal Supremo quien lo tendrá que autorizar. Fuera de las consultas se queda una vez más ERC por decisión propia. A partir de ese momento, Batet tendrá que fijar una fecha para el pleno de investidura de Sánchez, y es en ese momento cuando el reloj de la legislatura empezará a caminar. Si Sánchez no logra los apoyos en la segunda votación, habrá un plazo de dos meses para que sus señorías eviten una repetición electoral como la del 2016.

Los partidos no quieren ni oír hablar de volver a las urnas o de una investidura fallida. Y lo cierto es que la reelección de Sánchez se da por sentada, aunque el equilibrio de fuerzas aún no esté del todo claro. Pablo Iglesias aprieta para convertirse en ministro y sellar un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, mientras los socialistas aguantan el tirón repitiendo que su deseo es gobernar en solitario con un pacto 'a la portuguesa'. Es decir, contar con el apoyo de los 43 diputados morados pero sin tener que hacerles hueco en el Ejecutivo. Con los resultados que dejen los comicios europeos, municipales y autonómicos, la negociación tendrá que empezar, ahora sí, con todas las cartas sobre la mesa. Y en el posible intercambio de cromos habrá ayuntamientos y comunidades autónomas en las que solo los pactos permitirán a unos y a otros tocar poder.

CONTROL AL EJECUTIVO EN FUNCIONES

Pero mientras más se retrase la votación para la investidura de Sánchez, más tiempo se prolongará el Gobierno en funciones, y la Mesa del Congreso tendrá que decidir si aplica la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que concluye que el Ejecutivo debe someterse al control del Parlamento aun cuando se encuentre en esta situación transitoria. Es así como el tribunal resolvió el conflicto de atribuciones que el Congreso presentó en el 2016 contra el gobierno de Mariano Rajoy, que se negó a someterse a las sesiones de control mientras permanecía en funciones.

Por el momento, los partidos ya han comenzado a registrar los grupos parlamentarios en los que quieren constituirse esta legislatura. Tienen hasta el miércoles para hacerlo, y después será la Mesa la que decida si se cumplen las condiciones para constituir cada grupo. PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Vox, ERC y el PNV tienen asegurado su grupo parlamentario con el resultado de los comicios, pero la batalla la dará Junts per Cataluña, que espera una interpretación "flexible" del reglamento que le permita agrupar a sus siete diputados en un grupo propio. Fuentes socialistas señalan, sin embargo, que los posconvergentes volverán a recalar en el Grupo Mixto.

También el registro del Congreso ha recibido las primeras iniciativas. Aunque algunas como las mociones o las proposiciones no de ley necesitan que los grupos parlamentarios estén ya configurados, otras pueden presentarse desde la sesión constitutiva. Como los sendos escritos con los que el líder de Vox, Santiago Abascal, se estrenó hace unos días pidiendo la suspensión de los presos preventivos catalanes y denunciando que no habían adquirido la condición de diputados por haber recogido en sus promesas la "lealtad al 1 de octubre".

LOS PLAZOS

Quince días tras la sesión constitutiva es el plazo que marca el reglamento del Congreso para la celebración de la solemne sesión de apertura de la legislatura, una sesión conjunta de las Cortes Generales que cuenta con la presencia del Rey y del nuevo Gobierno. Pero cumplir los plazos en esta legislatura parece imposible. Tampoco se cumplieron la pasada, con Rajoy, y en la legislatura fallida ni llegó a celebrarse. La práctica parlamentaria fija la sesión de apertura una vez que las negociaciones para formar gobierno han fructificado, por lo que no ha habido problemas en demorar la cita.