La Fiscalía pide penas de hasta 25 años por el ‘procés’ y retrasar el tercer grado
Vista general de la sala del juicio del ‘procés’ que volvió a vivir otra sesión de vídeos. EFE
efe | madrid
La Fiscalía ha mantenido las penas de prisión contra los 12 líderes soberanistas al considerar acreditada la rebelión con la malversación y ha pedido que si son condenados no se les aplique el tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat aplicar beneficios antes de tiempo.
16 semanas después de comenzar el juicio del ‘procés’ y una vez practicada toda la prueba, el tribunal escuchó en la tarde de ayer las conclusiones definitivas que han elevado acusaciones y defensas.
No hubo sorpresas. Como ya se había anunciado previamente, la Fiscalía no se ha movido un ápice de las conclusiones provisionales al entender que no hay razón para modificar ni los delitos ni las penas de prisión, que se mantienen invariables.
Pide así 25 años de prisión para Oriol Junqueras por rebelión agravada por malversación como líder del ‘procés’ y 16 años para cada uno de los exconsellers presos por los mismos delitos, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa.
A los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell -también encarcelados- solicita 17 años por rebelión, penas más elevadas que los exconsejeros presos al considerarles promotores; mientras que para los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila plantea 7 años por malversación y desobediencia.
Tampoco ha variado su posición la Abogacía del Estado que acusa por sedición, malversación y desobediencia. Las penas quedan igual. 12 años para Junqueras por sedición y malversación; 11 años y medio para Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa por los mismos delitos; 10 para Forcadell y 8 para los Jordis por sedición; y 7 años para Vila, Mundó y Borràs por malversación y desobediencia.
Mientras la acusación popular que ejerce Vox ha retirado a Santi Vila la acusación de organización criminal y malversación y tan solo lo acusa de desobediencia, que no conlleva pena de prisión sino de inhabilitación. Con el resto de acusados no hay cambios.
En un plano más técnico pero no menos importante, la Fiscalía ha pedido al tribunal que aplique el artículo 36.2 del Código Penal para que en caso de ser condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena.
Como era de esperar, las defensas se han ratificado también en la libre absolución de los acusados al considerar que no han cometido delito y que no hubo violencia ni actuación que ampare ni la rebelión ni la sedición.