Último golpe de la fiscalía

O rebelión o rebelión. Ya no queda rastro de las voces que, antes de que empezara el juicio del procés, sostenían que la fiscalía se acabaría ablandando, que en las últimas sesiones rebajaría el tono y achacaría a los acusados delitos que acarrean menos años de cárcel. No hay marcha atrás: este martes, durante la presentación de su informe final, el Ministerio Público fue más duro que nunca. La fiscalía sostuvo por primera vez que los líderes independentistas encabezaron un golpe de Estado en octubre del 2017, que durante el alzamiento hubo momentos puntuales de violencia y que sus responsables deben ser castigados con severidad.

Si alguien pensaba que los vídeos que se proyectaron la semana pasada en el Tribunal Supremo habían hecho desistir a las acusaciones de achacar comportamientos violentos a los promotores del referéndum del 1-O o de la declaración de independencia, se equivocó de medio a medio. Durante todo el día atronaron en la sala palabras altisonantes. Se habló de alzamiento, de insurrección, de una organización criminal, y, ya se ha dicho, de golpes de Estado. En plural, porque la fiscalía sacó a relucir el 23-F para comparar la violencia de esa intentona con la que provocaron los procesados.

La fase final del juicio que marcará el futuro político de Cataluña se inició con un alegato inclemente que duró cuatro horas. En ese tiempo, los cuatro fiscales que han intervenido en la vista oral describieron un plan perfectamente orquestado y sostenido sobre tres patas el Gobierno catalán, el Parlament y asociaciones como la ANC y Òmnium- para acabar con el orden constitucional. Si el juez Manuel Marchena asume esa tesis en la sentencia que se espera para otoño, los principales líderes independentistas pasarán lustros en prisión. A Oriol Junqueras, por ejemplo, le piden 25 años.

Los fiscales se repartieron el trabajo. Empezó Javier Zaragoza, el más contundente y el que dejó más titulares. Él fue, por ejemplo, el encargado de referirse a lo sucedido en el convulso otoño del 2017 como un golpe de Estado. Lo hizo apoyándose en los clásicos: recordó al jurista austríaco Hans Kelsen, que definió el golpe como la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.

"NO SE PERSIGUEN LAS IDEAS"

También intentó adelantarse a los alegatos de las defensas, cuyo turno llega la semana que viene y que este martes ya adelantaron que, en su opinión, la fiscalía había retorcido el derecho para justificar la acusación por rebelión. En la parte más política de su intervención, Zaragoza dijo que en España no se persiguen las ideas, ni siquiera las de quienes defienden proyectos contrarios a los principios básicos de la legalidad constitucional. Si los acusados están sentados en el banquillo, añadió, es por intentar liquidar la vigencia de las leyes.

El fiscal rechazó además el argumento de las defensas de que, puesto que la declaración de independencia no llegó a quedar reflejada en ningún elemento público, solo tenía un valor simbólico. Ese razonamiento, que es políticamente demoledor para los independentistas porque viene a asumir que no cumplieron sus promesas con los catalanes que les creyeron, fue también rebatido por Zaragoza. Como si a lo largo de la historia la eficacia de una declaración de independencia dependiera de su publicación oficial!, se exclamó el fiscal.

En cualquier caso, también puso en duda que el Gobierno catalán dejara en manos privadas la organización del referéndum, una tesis que defendieron en las primeras sesiones del juicio varios de los acusados. A este respecto, el fiscal recordó una frase pronunciada por el exconseller Joaquim Forn poco antes del 1-O: Nosotros hemos hecho un plan para garantizar que los ciudadanos puedan votar.

JUNQUERAS, EL "MOTOR"

El Ministerio público señaló a Junqueras como motor principal de la rebelión por su participación tanto en la preparación gubernamental del 1-O y la DUI como en las reuniones del Estado mayor del procés, y porque el Departamento que dirigía asumió el control de los procesos electorales cuando Governació renunció.

El resto de fiscales se encargaron de subrayar que hubo un elemento violento tanto en las concentraciones del 20 de septiembre como en la resistencia ante la actuación policial del día 1 de octubre, y de defender que también existió el delito de malversación. Para la fiscal Consuelo Madrigal, el hecho de abrir colegios en domingo para albergar una votación ilegal ya supone un uso fraudulento del dinero público, por no hablar de los pagos a observadores internacionales o la inversión en publicidad o cartelería. Emitir facturas negativas no significa ni renuncia al cobro ni extinción de la obligación de pago, subrayó también en alusión a las dificultades que ha habido para acreditar que hubiera retribuciones efectivas.

Las defensas tienen una semana para contrarrestar este relato. Marchena y el resto de jueces deberán tomar después una decisión que inevitablemente tendrá consecuencias políticas. Quim Torra ya ha anunciado que habrá una respuesta independentista a la sentencia, aunque sigue sin concretar en qué está pensando.