El "golpe de Estado" como contrarrelato

La ronda de consultas del jefe del Estado con los representantes de los grupos con representación parlamentaria se ha celebrado en el paréntesis temporal que media entre el informe oral de los cuatro fiscales en el juicio contra 12 dirigentes del proceso soberanista (el martes pasado) y el que emitirán esta semana (martes y miércoles) los letrados defensores. Un ritual de recepción en la Zarzuela diferente a los anteriores, ha evitado exposiciones mediáticas lesivas para Felipe VI (costaba distinguir los amarillos abundantes de Laura Borràs) y posibilitado que las comparecencias de los políticos que han trasladado al Rey su criterio sobre la investidura del presidente del Gobierno diluyesen la densidad ambiental que se respiraba en Madrid horas después de que Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena calificasen los hechos del 6, 7 y 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, acontecidos en Cataluña, como un "golpe de Estado".

La expresión –"golpe de Estado"– no aparece en las conclusiones elevadas a definitivas por la fiscalía. En ningún apartado de los 130 folios del documento se escriben esas tres palabras que fueron las que abrieron las ediciones de todos diarios e informativos del martes y el miércoles pasados. El ministerio público normalizó ante el Supremo una descripción no jurídico-penal de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del 2017, precedida de circunstancias que para la fiscalía supusieron una rebelión y para la Abogacía del Estado, una sedición. En las dos versiones, determinados comportamientos individuales fueron delictivos, pero para los fiscales cursaron con la promoción de un alzamiento violento, mientras que para la abogada del Estado, tal violencia no fue "estructural" y fraguó en un atentado al orden público.

EXPRESIONES QUE CALAN

Los fiscales que durante cuatro horas expusieron la naturaleza delictiva de las conductas de los procesados aspiraron –y, seguramente, lograron– superar una actuación profesional mejorable a lo largo de la vista oral. Sus informes constituyeron un relato que el Estado no tenía. En la comunicación hay palabras y expresiones que calan y otras que no lo hacen. Es difícil trasladar a la opinión pública que se produjo en Cataluña un alzamiento violento y público (se necesita una comprensión técnica de los elementos del tipo penal) y, por lo tanto, una rebeldía que remite al imaginario colectivo a episodios históricos de naturaleza distinta. Pero es más fácil transmitir la idea simple, contundente, sobria, de que en Cataluña se perpetró un "golpe de Estado" desde las instituciones autonómicas.

Si los fiscales se refieren a lo que sucedió en el 2017 como un "golpe de Estado", será ya difícil evitar las evocaciones que tal figura provoca en la conversación pública, en la explicación ciudadana de lo que sucedió. De tal manera que Zaragoza, Moreno, Madrigal y Cadena compusieron un relato alternativo al del 'procesismo' que ha sido el hegemónico. Frente al 'marketing' independentista, de apabullante éxito, colorido, movilizador y atractivo para los análisis más emocionales, emerge la contundencia del "golpe", expresión que ya venían empleando con profusión los partidos de la derecha y algunos sectores sociales.

Había matices. Los académicos admitían esa descripción siempre y cuando se remitiese a las tesis de Kelsen (sustitución ilegítima de la legalidad), pero se rechazaba si lo hacían a la imagen de los estereotipos de los golpes tradicionales. Ahora, la narrativa del "golpismo" ha adquirido una total autonomía respecto de la corrección política e, incluso, de la corrección jurídico-penal. No hay un delito que se denomine "golpe de Estado", pero casi todo el mundo entiende qué se trata de contar cuando se utiliza esa expresión.

IMAGEN APREHENSIBLE

El tribunal no está vinculado por una semántica coloquial, pero sí por el contenido de la presunta ilegalidad que comporta. Y los cuatro fiscales que han mantenido la acusación sabían que la única oportunidad de que arraigase una imagen aprehensible de los sucesos de septiembre y octubre del 2017 en Cataluña era recurriendo a los paradigmas mentales que actúan como modelos de explicación –y, eventualmente, sanción– de la comisión de delitos graves.

El ministerio público, así, dio la batalla de los estereotipos que, con toda seguridad, librarán también las defensas en las que la absolución se planteará a la Sala juzgadora con términos blandos (manifestaciones pacíficas y festivas; declaración unilateral simbólica y sin efectos jurídicos; principio democrático sobre el de legalidad) que intentarán trasladar –como ha venido sucediendo a lo largo de estos últimos años– una imagen continuada de placidez política que los procesados se encargarán de rubricar en el turno de última palabra al que tienen derecho, inmediatamente antes de que el caso quede visto para sentencia.

Y mientras los fiscales manejaban con profusión el "golpe", la violencia, la ruptura de la legalidad, la unilateralidad y el aplastamiento de los derechos de los ciudadanos de Cataluña que no comulgan con los propósitos secesionistas, el mundo económico y empresarial de la capital tomaba nota, además del control independentista de la Cámara de Comercio, del discurso del presidente del Círculo de Economía, de la respuesta de Quim Torra y, sobre todo, de los estridentes silencios de Pedro Sánchez que omitió el tema catalán en Sitges y en su comparecencia del jueves en Moncloa. Y de fondo, en la Villa y Corte, se creía –y seguramente es cierto– que el Estado tiene ya un contra-relato: el 'procés' fue un "golpe de Estado". Cuatro fiscales lo aseguraron en sede judicial.