1.000 asesinadas por el terrorismo machista desde el 2003

Un inicio de junio trágico eleva a 1.000 el número de asesinadas por violencia machista. De confirmarse que la fallecida el sábado en Ayamonte (Huelva) y la mujer de 29 años encontrada sin vida este lunes en Alboraya (Valencia) son nuevas víctimas del maltrato destructivo, el número de asesinadas en España desde el 2003, año en que comenzaron a elaborarse las estadísticas, llegaría a la cruenta cifra de 1.000 víctimas, cuyos nombres se reproducen en el periódico como homenaje y como denuncia de la deplorable realidad. En lo que va de año han fallecido 25, 13 más que en el mismo periodo del año anterior.  

Para los que ponen en duda que exista un terrorismo machista, ETA, en sus 40 años de historia, asesinó a menos personas, en concreto a 864, según la Audiencia Nacional; mientras que en el 11-M murieron 192 víctimas y en los atentados de París 137. Para encontrar un número mayor de fallecidos por causas violentas hay que buscar en las muertes que dejan las guerras o atentados como el 11-S, donde fallecieron casi 3.000 personas. Por tanto, casi 1.000 víctimas en 16 años es una cifra desoladora, por mucho que la ultraderecha en manos de Vox cuestione la existencia de una violencia estructural sobre las mujeres.

Y eso que la estadística no recoge todas las asesinadas por su condición de fémina, tan sólo las fallecidas a manos de sus parejas o exparejas. La Delegación del Gobierno está en fase de ampliar los datos con el resto de muertes motivadas en el intento de dominación del hombre sobre la mujer, pero de momento continua vigente el recuento que se inició en el 2003, justo un año antes de que se aprobara la pionera ley integral contra esta lacra, que puso a España en la vanguardia de la lucha institucionalmente denominada violencia de género.

ANA ORANTES, UN ANTES Y UN DESPUÉS

Anteriormente se consideraba maltrato ‘doméstico’ y las autoridades no le prestaban demasiada atención porque opinaban que era un tema menor y que debía permanecer en el ámbito de los hogares. Pero el asesinato de Ana Orantes, el 17 de diciembre de 1997, marcó un antes y un después en la concienciación social en contra de los malos tratos. Tras cuatro décadas de palizas y agresiones verbales hacia ella y sus ocho hijos, Orantes decidió contar su sufrimiento en televisión y 13 días después su exmarido la abrasó viva. Su desgraciado homicidio ayudó, no obstante, a las organizaciones de mujeres a forzar al PP a aprobar, un año después, el primer plan de acción contra la violencia doméstica, que modificó el Código Penal para incluir la violencia psíquica y la medida cautelar de distanciamiento físico entre agresor y víctima.

En los años siguientes las asociaciones feministas continuaron dando la batalla, con escaso éxito hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley integral, que finalmente apoyaron todos los grupos. La norma incorpora medidas de protección, reparación y prevención y supone, según los expertos, un abordaje completo al que las comunidades autónomas se han adaptado, así como el Código Penal, con la regulación de la orden de protección, el agravante de género o la inclusión de otras formas de violencia contra las mujeres como la mutilación genital o el matrimonio forzado.

EL PACTO DE ESTADO

Si bien, no todos sus preceptos se aplican y poco después de su aprobación se puso de manifiesto que la ley por sí misma no solucionaba el problema. Desde su aprobación han fallecido más de 850 mujeres. De ahí que la legislatura pasada los partidos hicieran el esfuerzo de buscar puntos en común para alumbrar un pacto de Estado, que contempla más de 200 medidas aplicables a cualquier forma de violencia sobre la mujer y sus hijos y con una dotación económica de 1.000 millones en cinco años. Porque no hay que olvidar que los menores son tan víctimas como sus madres. Desde el 2013, han fallecido 28, 1 este años.

Algunas de las recomendaciones del Pacto se han puesto en marcha pero muchas se han quedado en el tintero por el adelanto electoral y la confrontación política.

España ha recorrido, por tanto, un largo trecho en la lucha contra las agresiones motivadas por la desigualdad entre hombres y mujeres, pero como demuestra cada asesinato y cada agresión, aún queda un largo trecho por recorrer. Y es la violencia machista radica en un comportamiento social difícil de corregir sólo con leyes. El maltrato “tiene muchas aristas” y los profesionales que "nos dedicamos a su erradicación encontramos muchas resistencias”, avisa Luisa Velasco, expolicía, psicóloga y experta en violencia machista.

LA FALTA DE DENUNCIAS

De entrada, uno de los principales problemas radica en la resistencia de las víctimas a pedir ayuda. “La mayoría oculta el maltrato por miedo a las represalias del agresor, por pena, por vergüenza, porque aún muchas están enamoradas o tienen una fuerte dependencia económica, por no mencionar que es el padre de sus hijos”, relata Natividad Hernández Claverie, psicóloga de la Comisión contra los Malos Tratos. Todo un cóctel que puede estar detrás que sólo tres de las 23 fallecidas hasta el 7 de junio, interpusiera denuncia contra agresor.

Otro de los clamorosos obstáculos son los fallos de las instituciones. Y es que la otra cara de la moneda son las que mujeres que mueren pese a que sí habían presentado denuncia. En el 2018, 14 de las 47 fallecidas. Cada caso tiene sus peculiaridades pero, en términos generales, las asociaciones que ayudan a las víctimas y los expertos denuncian fallos en la valoración policial, los abogados de oficio y el trabajo de jueces y fiscales. Por ello, el pacto contempla mejorar la formación de todos los operadores, pero es algo que lleva su tiempo y, mientras tanto, muchas víctimas no acuden a las administraciones por desconfianza, al creer que no van a ser capaz de protegerlas.

EL CUSTIONAMIENTO SOCIAL

Por último y no por ello menos importante, otra de las grandes dificultades es el comportamiento reacio de buena parte de la sociedad, que ha perdido el temor a cuestionar en público el maltrato, a argumentar que los datos están inflados, etc, sobre todo desde que Vox ganó músculo, entre otros motivos por su férrea oposición a la ley contra la violencia de género. “La sociedad no ayuda mucho, pues se cuestiona la credibilidad del testimonio de las víctimas. Se confunde, de forma intencionada, sobreseimiento con denuncias falsas, lo que hace que la mujer piense que no la creerán y que si denuncia, será peor. No hay momento más desolador para la mujer que ver que su procedimiento se archiva por falta de pruebas, lo que no quiere decir que acuse falsamente. Hay que entender que no todas las víctimas tienen marcas visibles del maltrato”, reflexiona Velasco.

En la misma línea, Hernández Claverie hace una comparación con el terrorismo de ETA y explica que mientras las víctimas del terrorismo, sobre todo los últimos años, tenían un respaldo social, a las “maltratadas se las cuestiona, se las tacha de débiles o de que han sufrido por tontas y porque quieren, porque la posibilidad de salir de la violencia está en su mano”. Por ello, considera que la batalla contra el maltrato se vencerá cuando la sociedad, al igual que sucedió con el terrorismo etarra, “tome conciencia” y no tenga un cierto grado de “permisibilidad”. Para ello, los profesionales consultados señalan que es básico que la educación sea igualitaria desde edad temprana.

“Sé que suena un poco a tópico pero educación, educación y educación. En el ámbito penal, gestionamos los fracasos, cuando el daño ya se ha producido, pero para evitarlo, hay que prevenir y educar en los colegios y las familias y en los medios de comunicación. Cuando todos veamos a las mujeres como iguales, no habrá problemas”, concluye María Gavilán, jueza de primera instancia y experta en la materia.