El debate de la exhumación dispara los ingresos de la Fundación Franco

El 2017 fue un buen año para la Fundación Francisco Franco. Al menos, en lo económico. Fue el año en el que volvió al Congreso de los Diputados el debate sobre la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, pero también el que aportó a la entidad 93.161,29 euros, el mayor beneficio de su historia.

Esa cifra figura en las cuentas presentadas por la entidad franquista ante el Ministerio de Justicia, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El año anterior, la fundación, cuyo presidente de honor es Luis Alfonso de Borbón, biznieto de Franco, había perdido 5.973,04 euros, según los números oficiales. Y algo similar ocurrió en el 2015 (1.283 euros de pérdidas), el 2014 (48,83 euros de déficit) y el 2012 (6.444, 67 euros en negativo). En los últimos años, solo consiguió beneficios en el 2013 y fue una cifra mucho más modesta (1.049,46 euros) que la actual. Los beneficios del 2017 permiten que la fundación en honor al dictador esté ya en números negros y liquide todas sus deudas históricas, que, según sus cuentas oficiales, ascendían a 90.006,80 euros.

El general retirado Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la entidad, atribuye el insólito éxito económico (212.440,39 euros de ingresos) al inicio de lo que llama la "batalla" por la exhumación de Franco. En mayo del 2017, el Congreso aprobó reclamar la exhumación del dictador, con la abstención del PP y los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos, entre otros grupos. "La fundación languidecía y algunos nos han dado vida", asegura, en alusión a las iniciativas primero de la oposición a Mariano Rajoy y luego del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras pronostica que las cuentas del 2018, que se aprobarán a finales de junio, también darán "beneficios".

En el 2018, tras la moción de censura a Rajoy, el Gobierno de Sánchez puso en marcha su plan para la exhumación del cadáver de Franco. Los siete nietos del dictador y la fundación fueron dilatando el final con recursos legales hasta que el Gobierno fijó la fecha del 10 de junio para trasladar los restos a otro lugar. El Tribunal Supremo decidió el 4 de junio suspenderla hasta que se resuelva la batalla legal que mantiene el Ejecutivo con la familia Franco y la fundación, que se oponen a la exhumación, y que, en último caso, defienden enterrarlo en la tumba donde está su hija, Carmen Franco, en el cementerio de La Almudena, en pleno centro de Madrid.

En medio de esa batalla legal y del debate social y político, la Fundación Franco ha pasado de contar con unos 850 socios hace dos años, a "más de 1.200 socios" en la actualidad, según los datos ofrecidos por el general Chicharro. Las últimas cuentas presentadas ante el Ministerio de Justicia incluyen que en el 2017 recibieron 187.449,63 euros en donativos, 37.000 euros más que en el 2016.

Las personas que aportan dinero a la fundación tienen derecho a desgravárselo luego en su declaración de la Renta, "del mismo modo que si dan dinero a Cáritas o a la Fundación Largo Caballero", recuerda Chicharro. Así, de los primeros 150 euros que se donan, 112,50 se los descuenta luego Hacienda de sus impuestos.

El resto de los ingresos que recibió la fundación en el 2017 proceden de una partida llamada "otros", en la que se incluyen 24.460 euros. Las cuentas oficiales no especifican de qué se trata, pero el general Chicharro lo aclara: "Ese año nos tocó la lotería de Navidad en la fundación y las personas beneficiadas prefirieron no cobrar su parte y dejar el dinero aquí".

Las cuentas de la Fundación Franco revelan otros detalles de interés. Dos nietas del dictador, Carmen y Arantxa Martínez-Bordiú Franco, se incorporaron como "patronos" a la fundación en memoria de su abuelo a finales del 2016. Eso implica que realizaron un pago de "3.000 euros por persona", según fuentes de la entidad.

La fundación nació tras la muerte del dictador para difundir "su obra y su legado" y "contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española". Su joya es su archivo, con más de 30.000 documentos históricos del dictador. Todos fueron digitalizados con una subvención de 150.000 euros otorgada por los gobiernos de José María Aznar. Pueden consultarse en la sede de la entidad, pero los datos aportados al ministerio revelan que las personas que lo hicieron en el 2016 y el 2017 fueron "cero".