Las defensas acusan a la Fiscalía de «exagerar» para probar la rebelión
Los abogados del juicio del ‘procés’ pasan al ataque en el segundo día de sus informes finales.
Imagen de la señal institucional del Supremo, con Oriol Junqueras (de espaldas en el centro). TS
M. Sáiz-Pardo / M. Balín | madrid
«Exageraciones», «mentiras». Las defensas pasaron ayer al ataque en el segundo día de sus informes finales para criticar con dureza a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado por «tergiversar» y forzar el relato de lo que ocurrió en otoño de 2017 para convertir simples actos de protesta en rebeliones y sediciones. Olga Alderiu, abogada de la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, fue la que puso mayor énfasis en acusar a los acusadores de inventar falsedades. «Aquí se trata de exagerar o magnificar en todo momento la conducta de la señora Forcadell».
«Se le juzga por quién es y no por lo que ha hecho», llegó a argumentar la letrada, que recriminó que a su cliente se le está imponiendo el «derecho penal de autor» porque, a pesar de los apercibimientos del Constitucional, ella no podía vetar la admisión a trámite de las leyes de desconexión. «Las leyes que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre fueron presentadas por los grupos, admitidas a trámite por la Mesa, incluidas en el orden del día y aprobadas por el pleno», sostuvo la letrada. Ni un solo reproche a la expresidenta porque, según su defensa, no hizo nada de lo que dicen que hizo el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado. «No autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia», insistió Alderiu.
La defensa de la expresidenta pasó buena parte de los 60 minutos de su alegato volcada en el negar el supuesto relato ‘fake’ orquestado por el Ministerio Público basado, sobre todo, en los informes incriminatorios de la Guardia Civil. «La señora Forcadell no participó en la toma de decisiones del Gobierno porque no pertenecía al Gobierno, aunque en los atestados aparece ahí». «No se han acreditado reuniones ni ‘whatsapps’ ni ‘emails’, ¿cómo se concertó? ¿por telepatía?», se preguntó en tono irónico la letrada, quien insistió en las «mentiras» que situaban a Forcadell en lugares donde no estuvo en los días previos al referéndum.
«Derecho del enemigo»
La letrada de Jordi Cuixart, líder de Omnium Cultural, fue la otra gran protagonista de la jornada con su alegato para denunciar la aplicación en este juicio del «derecho penal del enemigo» con el fin de silenciar la disidencia. Marina Roig, probablemente la letrada que con más vehemencia se ha enfrentado al presidente Manuel Marchena en este proceso, volvió a ser beligerante al criticar que la justicia española haya «criminalizado la movilización ciudadana» de Cataluña con este juicio.
Según Roig, todas las protestas del llamado «periodo insurreccional» previo al 1-O están «amparadas en el derecho de reunión». «Es tan legítima la protesta contra una actuación del poder legislativo o ejecutivo que contra una resolución del poder judicial», afirmó la letrada en referencia al cerco del 20 de septiembre de 2017 a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil en el que Cuixart arengó a las masas. «En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado entre España y Cataluña». Pero solo eso, porque durante el procés «no hubo la violencia suficiente para doblegar el Estado», apostillo Roig.