El PP se sienta en el banquillo por borrar los ordenadores de Luis Bárcenas

Casi cinco años después de que la Audiencia Nacional pidiera a la justicia madrileña investigar el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, este viernes empieza el juicio oral con el partido y tres empleados más sentados en el banquillo acusados de delitos de daños informáticos y encubrimiento.

El caso fue archivado, reabierto e incluso tuvo que reconstruirse su sumario tras perderse en los juzgados. Después de innumerables vicisitudes, el juzgado de lo penal número 31 de Madrid deberá dilucidar si al borrar los discos duros se pretendía impedir que la justicia accediera a datos importantes sobre la presunta contabilidad paralela del PP.

Ha seguido adelante a pesar de que la Fiscalía pidió su archivo y apuesta por la absolución y de que el propio Bárcenas retiró su acusación en el 2016; son querellantes y acusación popular IU, Justicia y Libertad, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el Observatori Drets Humans.

Al ser persona jurídica, el PP sólo es acusado de delito de daños informáticos -por haber borrado sin autorización archivos ajenos-, pero su extesorera Carmen Navarro; el que fuera responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán y José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática, son también acusados de encubrimiento.

JUICIO SIN TELEVISIÓN

Cuando aún resuena el eco de la sentencia del 'caso Gürtel', la vista oral del caso de los borrados, que comienza este viernes con las cuestiones previas, ha estado precedida por la polémica al aceptar el juez la petición del PP y de la Fiscalía para que no se facilite señal de televisión a los medios de comunicación.

A pesar de reconocer que es "lógico y notorio el interés social y mediático del juicio", el juez señaló que Navarro, Durán y Moreno no son personajes públicos y consideró que televisar el juicio podía suponer "una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación".

Tras las cuestiones previas, el jueves 20 comparecerán en el juzgado los tres acusados y seis testigos, entre ellos el propio Bárcenas, condenado el año pasado a 33 años de prisión en el juicio de la primera época de Gürtel, y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

DENUNCIA POR ROBO 

Según el relato de los hechos de la jueza que instruyó el caso, a mediados de enero del 2013 el PP decidió prohibir el acceso de Bárcenas a su sede de Génova y el extesorero reclamó su pertenencias, llegando a interponer una denuncia en marzo por el robo de dos ordenadores, un caso que fue sobreseído por no acreditar que eran de su propiedad.

Fue entonces cuando Durán, el asesor jurídico, pidió a Moreno, responsable de informática, que borrara los discos duros y éste lo hizo a conciencia: sobrescribió sobre ellos en 35 ocasiones, los rayó y los tiró a la basura.

Se supo cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investigaba los denominados papeles de Bárcenas con la supuesta contabilidad B del PP, reclamó el ordenador Toshiba y el Apple que había usaba el extesorero y que Cospedal declaró que seguían en Génova. El primero no tenía disco duro en su interior y el del segundo había sido borrado en aplicación de la Ley de Protección de Datos, según argumentaron los populares.

Según había declarado Bárcenas, en los ordenadores había información sobre la financiación opaca del PP, pantallazos de correos electrónicos, agenda con reuniones y donantes del partidos y pagos escaneados de la contabilidad B del partido.

EMPLEADOS ENCUBRIDORES

Además del delito de daños informáticos, se acusa a las tres personas físicas del de encubrimiento por el contexto en el que tuvo lugar el borrado de los discos duros. Según la juez, tanto la entonces tesorera como el asesor jurídico tenían conocimiento de que había en marcha una investigación por presunta financiación ilegal del partido. Y decidieron "impedir que datos importantes" sobre esa contabilidad paralela que Bárcenas sostenía que guardaba en los citados ordenadores llegasen a esa investigación.

El fiscal, no obstante, pide la absolución porque considera que no ha quedado acreditado qué información contenían los ordenadores ni que esa información fuera "relevante" para los hechos que se investigaban.