Anticorrupción pide imputar a Aguirre, González y Cifuentes
m. sáiz-pardo
La mancha de la ‘caja B’ del Partido Popular en Madrid se sigue extendiendo y ya salpica a tres de los últimos presidentes de la comunidad. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el macro sumario Púnica sobre la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid, que cite como investigados a los exmandatarios regionales Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes (quienes gobernaron la comunidad entre 2003 y 2018) por la presunta financiación irregular de la formación conservadora en esta autonomía. Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez pidieron también la imputación de la empresa Indra y de su presidente de honor, Javier Monzón, hoy al frente de Prisa.
El escrito de la Fiscalía, de 75 páginas y que reclama reordenar esta macrocausa para dejarla en solo once piezas, pide la imputación de los exmandatarios populares en la pieza 9, dedicada exclusivamente a la investigación del desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio Público se hace eco, entre otros, de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que sostienen que el PP de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra. El dinero habría llegado al partido entre 2008 y 201 3 (época en la que Aguirre y González dirigieron los destinos de la comunidad y del PP regional) a través de una madeja societaria de testaferros. La empresa habría allegado a la caja B del PP madrileño al menos 1.054.247 euros. Las fiscales en concreto citan un informe de la UCO que afirma que Indra directamente habría financiado con 566.497 euros gastos de las campañas del PP madrileño en 2007 y 2011.
En el caso de Cifuentes, que entonces no era presidenta ni máxima responsable del PP en la comunidad, se sospecha de su papel en la financiación irregular porque participó en mesas de contratación supuestamente amañadas y por su calidad de patrona de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), usada para el desvío de dinero.
Además, en lo referido a Aguirre, la Fiscalía basa sus acusaciones en los informes de la Guardia Civil en torno a reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los ‘populares’ madrileños.