Diario de León

Sánchez eleva la presión sobre Iglesias con la colaboración de los nacionalistas

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r, gorriarán | madrid

En fútbol se llama achicar espacios, en política es elevar la presión sobre alguien. Es la estrategia que sigue Pedro Sánchez con Pablo Iglesias al poner por segunda vez en sus manos toda la responsabilidad de que haya un Gobierno socialista o que haya elecciones el 10 de noviembre. En esta tarea, el líder del PSOE contó ayer con la colaboración del PNV y Esquerra, y hasta de EH Bildu, que dejaron claro que no van a echar a pique la investidura y que harán lo que esté en su mano para que no gobierne la derecha.

«Nos mantenemos como en julio (en la abstención)», dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; «no seremos un obstáculo», apuntó su homólogo del PNV, Aitor Esteban; «estamos donde estábamos y, mientras esté en nuestra mano, la derecha no va a gobernar», apostilló la parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Son 21 abstenciones, suficientes para que Sánchez salga investido presidente del Gobierno antes del 23 de septiembre siempre que los 42 diputados de Unidas Podemos voten a favor del socialista.

Los negociadores de la alianza morada, Pablo Echenique, Ione Belarra, los portavoces de los comunes y de Galicia en Comú, Jaume Asens y Yolanda Díaz, el de Equo, Juantxo López de Uralde, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago, se van a encontrar mañana a las 16,30 en el Congreso ante este dilema. Al otro lado de la mesa tendrán a la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra María Jesús Montero y a la portavoz Adriana Lastra.

Las posiciones previas no invitan a pensar que vaya a haber una aproximación, pero los socialistas se aferran a la débil esperanza de un gesto a última hora de los morados aunque reconocen que no aprecian ningún indicio de que vaya a ser así.

En paralelo

Las estrategias de Sánchez e Iglesias siguen por ahora trayectorias paralelas sin posibilidad de encontrar un punto de intersección. El PSOE, encastillado en que solo puede haber un acuerdo programático, y Unidas Podemos, enrocada en el gobierno de coalición. Ni siquiera en el improbable escenario de un acuerdo sobre la propuesta de 370 medidas hay sintonía. Los socialistas pretenden que, si se llega a un entendimiento sobre ese documento, se plasme por escrito en un acuerdo de legislatura que dé estabilidad al Gobierno durante los cuatro años de mandato. Sánchez ya avisó el pasado martes en el acto de presentación de su propuesta que no quería «votos gratis», que quería compromisos de lealtad para evitar una legislatura inestable. Si no es así no comunicará al Rey su disposición a ser candidato a la investidura.

El PSOE teme que Unidas Podemos, si accede a última hora a dar su voto favorable, dé al día siguiente el paso de irse a la oposición. Sánchez se vería gobernando con el único apoyo de sus 123 diputados y enfrente un bloque opositor multicolor que aglutinaría a PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos, 169 escaños. Sin contar con las veleidades de los soberanistas catalanes. Unica fuerza de izquierda Esa es, precisamente, la alternativa que manejan los socios de Podemos, sobre todo Izquierda Unida y Equo, pero también algunos sectores del propio partido morado. Mantienen que el Gobierno monocolor socialista, obligado a buscar la colaboración de populares y liberales, dejaría expedito el terreno de la izquierda para Unidas Podemos, que podría rentabilizar esa situación para erigirse como única fuerza progresista. Iglesias y su equipo, sin embargo, no comparten ese análisis y se mantienen en el no al acuerdo de programa, aunque lo discutirán en la reunión de mañana, y en el sí a la coalición gubernamental. La portavoz de la dirección de Podemos, Noelia Vera, señaló hoy que «las garantías» para que se cumpla el programa no radican en el triple mecanismo de fiscalización que propuso Sánchez. La mejor salvaguarda, afirmó, es gobernar juntos. La prueba del nueve, según Vera, fue los meses de Gobierno socialista tras la moción de censura, en los que Sánchez eludió los compromisos adquiridos en el acuerdo presupuestario firmado en febrero con toda solemnidad en la Moncloa.

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