El Supremo despeja la exhumación de Franco al eximir de la licencia de obra
efe | madrid
El Supremo ha despejado el principal escollo para exhumar de forma inmediata los restos de Franco porque considera que la obra para levantar la losa no necesita licencia municipal al haber sido acordada por el Gobierno, por lo que contrasta con la tesis del juez de Madrid que paraliza la licencia. El alto tribunal notificó ayer la sentencia una vez que el pasado martes adelantó el fallo por el que avala por unanimidad en plena precampaña para el 10-N el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco para reinhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en contra del deseo de la familia de hacerlo en la cripta de la Catedral de la Almudena.
Para los magistrados, «no se infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor» lo que supone la exhumación según el proyecto de Patrimonio Nacional, «ni contradice las normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial», que informó favorablemente desde el punto de vista urbanístico a llevar a cabo la actuación técnica del levantamiento de la losa.
Los jueces se posicionan así ante la figura del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Madrid, José Yusty Basterreche, que suspendió provisionalmente la licencia de obras del Ayuntamiento para levantar la losa de Cuelgamuros, que se erige hasta la fecha en el principal obstáculo para exhumar.
Pese a que el Supremo no puede ordenar al juez cómo actuar en este procedimiento, sí que resuelve técnicamente esta cuestión cuando señala que «la obra no necesita licencia municipal al ser acordada por el Consejo de Ministros», de manera que la causa que dirige Yusty apunta a quedarse sin efecto alguno en la ejecución de la exhumación. Sobre esta última, los magistrados rechazan todos los argumentos de los familiares para impedirla: la inconstitucionalidad del acuerdo del Gobierno, la ilegalidad de la exhumación y la arbitrariedad para elegir El Pardo y no La Almudena.
El Supremo no duda por tanto de la constitucionalidad del decreto ley del Ejecutivo.