El tribunal del ‘procés’ pisa el acelerador con la unanimidad como objetivo
m. sáiz-pardo/m. balín | data
El presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, lleva semanas dedicando toda su jornada laboral, y buena parte de sus horas de asueto, a la sentencia. Solo se ocupa de otros quehaceres judiciales unas horas los martes cuando despacha con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Los otros seis magistrados del tribunal que juzgó a los doce líderes independentistas catalanes todavía tenían algún momento libre, pero desde que comenzó el mes de octubre no levantan cabeza. Las reuniones ya son diarias. También este martes, según afirmaron desde el alto tribunal.
El tribunal ha comenzado a pisar el acelerador para intentar que el fallo esté listo antes de una semana. Solo la falta de unanimidad podría retrasar la sentencia. Una posibilidad que parecía remota hasta que ayer la Fiscalía pidió a la sala que convocase una vista por si fuera necesario ampliar los dos años de prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes civiles del ‘procés’, que cumple el 16 de octubre. Hasta esta petición del Ministerio Público, que en cualquier caso es preceptiva, en fuentes judiciales se apuntaban como fechas probables para la publicación de la sentencia este viernes 11, y sobre todo el próximo lunes 14.
En el Ministerio del Interior y en la jefatura de los Mossos desde luego tienen claras sus preferencias. Hacer público el fallo este viernes, en puertas de un fin de semana con dos días festivos y además fiesta nacional, sería ponérselo muy fácil a los colectivos más radicales independentistas que han llamado a colapsar Cataluña con marchas y protestas inmediatamente posteriores a conocer la sentencia. Unas convocatorias que serían mucho más multitudinarias si no son en días laborables.
Sea como fuere, el tribunal, si no hay imprevistos, podría tener perfectamente listo el fallo para esas fechas. Los magistrados, tras llegar a acuerdos sobre los tipos delictivos aplicables a cada uno de los acusados (rebelión, sedición y/o malversación) ya abordan el estudio de las penas concretas de los procesados.
Para ello, están repasando el grueso ya redactado de la sentencia, sobre todo el apartado de hechos probados en el que figura el papel de cada uno de los encausados. Ese relato es el que ha dado más lío a los jueces, pero sobre todo a Marchena quien, como ponente (además de presidente) ha sido el encargado de ordenar para el debate de las más de 300 horas de juicio. Con el grueso del trabajo ya hecho, las reuniones en esta última fase, explican fuentes jurídicas, están siendo «menos laboriosas», pero más intensas en el debate.
Aun así, el ambiente entre los miembros del tribunal, apuntan estas mismas fuentes, «es muy bueno». Quizá porque los magistrados saben que en sus manos está la que probablemente sea la sentencia más importante de la historia reciente de España y no ha habido tensiones ni grandes discusiones entre los siete togados a pesar de su diversidad ideológica (tres llamados conservadores, dos moderados y dos progresistas).
Torra, enfría los ánimos
El presidente de la Generalitat lleva meses advirtiendo de que dará una respuesta a la sentencia basada en la desobediencia institucional y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Además, la semana pasada, ERC, JxCat y la CUP aprobaron una resolución parlamentaria que instó al Govern catalán a la «desobediencia institucional». Sin embargo, la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, no se dio este martes por aludida ante la apelación que hizo la moción parlamentaria hasta el punto que dijo de ella que, además de apostar por la unilateralidad, también hablaba de «mantener abiertas las vías de diálogo». Está por ver si se trata de un repliegue táctico de la Generalitat, que opta por la prudencia cuando aún no se sabe el alcance de la sentencia, o si es que están imponiéndose las tesis de quienes abogan por no ir al choque de trenes.