La crisis catalana abre una brecha entre la Guardia Civil y Marlaska
m. sáiz-pardo | madrid
En los despachos de Castellana 5, en la sede del Ministerio del Interior, se ponen a temblar cada vez que saben que Pedro Garrido Roca va a tomar la palabra en un acto público. En el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska rezongan en privado contra la incorrección política del general de moda, no solo en la Guardia Civil, sino en el Ejército y en la Policía Nacional.
Pero más allá de cuchicheos, nadie se atreve a llamar la atención en voz alta al máximo responsable del instituto armado en Cataluña, diga lo que diga o haga lo que haga. Ni siquiera el ministro. Y es que Garrido se ha convertido en una suerte de «‘major’ Trapero en sus mejores momentos», un icono intocable para el cuerpo en unos meses especialmente tensos por la crisis catalana, según fuentes de Interior.
Un ídolo para la tropa pero también para sus compañeros del generalato de la Guardia Civil, que ven en las palabras que el jefe de la VII Zona de Cataluña dirige a los independentistas el «verdadero sentir del cuerpo» ante la deriva secesionista.
Garrido, en cierta forma, es el mando en el que mejor se visualiza la brecha que se ha abierto en las últimas semanas entre la cúpula del instituto armado y el Ministerio del Interior, al que el generalato recrimina en privado su supuesta tibieza con el independentismo. Pedro Garrido, con el aplauso de sus compañeros de fajín, se encargó de dejar patente el pasado miércoles que el Cuerpo no comparte las consignas de Marlaska de intentar a toda costa recomponer puentes con la Generalitat.
Al escuchar estas palabras, la comitiva del Govern abandonó airada el acto. Ayer, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tachó de «vergüenza» el discurso de Garrido. Poco después, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, envió una carta a la vicepresidenta Carmen Calvo exigiendo su cese.
Aviso a Torrent
El Tribunal Constitucional ha advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent, con la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales si ignora o elude la resolución aprobada por la corte de garantías sobre la suspensión de varios aspectos de una norma de julio que ratificó el derecho de autodeterminación.