El futuro judicial de Trapero se presenta muy negro
La sentencia del Tribunal Supremo (TS) vaticina un futuro judicial muy negro al mayor José Luis Trapero y al resto de los procesados en el juicio por rebelión que comenzará en la Audiencia Nacional el próximo 20 de enero. La única buena noticia para Trapero es que será difícil que el juzgado de la calle Génova le condene por rebelión -tal y como reclama la Fiscalía que pide para él once años- después de que el Supremo haya descartado este delito para los líderes del procés.
Todo apunta a que las acusaciones rebajarán sus pretensiones a sedición antes de iniciarse la vista oral. Pero a partir de ahí, Trapero, el exdirector de los Mossos, Pere Soler; el ex secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y la intendente Teresa Laplana encaran un juicio cuesta arriba desde el principio. Y eso porque el Supremo considera probado que los tres primeros fueron elementos esenciales en el engranaje para que los Mossos no actuaran contra el referéndum y que Laplana dejó tirados a los guardias civiles durante el famoso asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre.
Trapero -reconoce el Supremo- efectivamente el 28 de septiembre de 2017 avisó al Govern, y en particular al consejero de Interior, Joaquim Forn, de que podía haber graves disturbios el 1-O y que lo mejor sería cancelar el referéndum. Pero antes, el mayor diseñó la estrategia de no actuar contra el 1-O bajo la justificación de «preservar la convivencia». Una fórmula que el consejero hizo suya. «Forn aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos fijando como objetivo prioritario de la intervención policial preservar la «convivencia» en referencia a una expresión presente en la imperativa resolución judicial, «sin dar cuenta, desde luego, del sentido interesadamente atribuido a tal expresión», apunta el Supremo. «Con ello disimulaba -siquiera de modo inverosímil- su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados», denuncia la resolución, acusando a Trapero veladamente de cómplice de los líderes del procés.
La estrategia diseñada por Trapero y que Forn avaló por completo se usó para «aparentar» que el «principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la fuerza para cumplir la decisión judicial». El plan de Trapero, sostiene el Supremo, funcionó.