Tenso final del 'procés'

La  sentencia del Tribunal Supremo tuvo la inusual habilidad de poner de acuerdo a constitucionalistas e independentistas. Se abre una nueva etapa, coincidieron Pedro Sánchez y Quim Torra. Pero son las jugarretas de la polisemia. Nueva etapa para el presidente del Gobierno significa que se ha acabado el procés entendido como hasta ahora. Nueva etapa para el presidente de la Generalitat supone que a partir de ahora hay que avanzar con renovado ímpetu hacia la república. En todo caso, el fallo del Supremo marca un antes y un después en la crisis de Cataluña. Como aperitivo, se reactivó la euroorden de detención y entrega para Carles Puigdemont  

El Gobierno, con la prometida colaboración de PP y Ciudadanos para la respuesta legal si fuera necesaria, apuesta una vez conocida la sentencia por «la firmeza democrática, proporcionalidad y unidad», pero sin desatender el diálogo. El diagnóstico de Sánchez es conocido y circunscribe el conflicto político a la crisis de convivencia entre catalanes, no a las pretensiones secesionistas de un sector de la población.  

Torra, por su parte, no se apea de la existencia de «una mayoría» soberanista que exige una solución política a sus demandas con el ejercicio del derecho de autodeterminación. Por eso, la sentencia debe ser corregida con una «amnistía». Eso, según el presidente catalán, sería «el punto final» para esta fase del procés .  

La exconsejera Clara Ponsatí no estaba en el banquillo de los acusados porque se fugó con Puigdemont, pero una confesión suya, en junio de 2018 en un acto en Londres, según la cual comparó el procés con una partida de póquer en la que la Generalitat «iba de farol» resume en buena medida la filosofía de la sentencia del Tribunal Supremo. Todo, afirman los siete magistrados, fue un engaño, y los líderes independentistas condenados sabían que habían urdido «una quimera» culminada en una «simbólica e ineficaz» declaración de independencia cuyo único fin era forzar al Gobierno de España a negociar una consulta.  

Así reza el fallo del alto tribunal, que condenó por sedición y malversación de fondos públicos a trece años de prisión a Oriol Junqueras, y a doce años a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Castigó con once años y seis meses solo por sedición a Carme Forcadell; a diez años y seis meses a Joaquim Forn y Josep Rull; y a nueve años a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los exconsejeros Meritxell Borràs, Santiago Vila y Carles Mundó no entrarán en la cárcel pero deberán pagar una multa de 60.000 euros.  

La Sala, presidida por Manuel Marchena, también ponente de la sentencia, resolvió que lo vivido en septiembre y octubre de hace dos años en Cataluña no fue una rebelión, como tipificó la Fiscalía, fue una sedición, como argumentó la Abogacía del Estado. Pero ¿Qué hubiera pasado si los servicios jurídicos no hubieran acusado de sedición? Una respuesta que no es sencilla porque un tribunal no puede condenar por delitos no calificados por las acusaciones.  

Digresiones jurídicas al margen, la sentencia fue todo menos una sorpresa. La detallada filtración había despejado todas las incógnitas menos la numérica. Al final, los jueces optaron por la parte alta de la horquilla prevista en el Código Penal para los delitos de sedición, que iba de cuatro a quince años. La filtración, además, tuvo un efecto amortiguador en el mundo independentista, no hubo el shock que habría supuesto una condena sin la preparación anticipada. Pero también sirvió para que las fuerzas constitucionalistas armonizaran sus coincidencias en detrimento de sus diferencias, aunque ya se atisba en el horizonte alguna discrepancia que calentará la campaña electoral.  

El presidente del Gobierno conversó ayer por la tarde por teléfono con Casado y Rivera y con Pablo Iglesias. Las conversaciones se desarrollaron con «lealtad institucional», según fuentes gubernamentales, que también indicaron que Sánchez podría reunirse con los líderes de la oposición «de acuerdo a la marcha de los acontecimientos».  

En paralelo, la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, convocó ayer al cuerpo diplomático acreditado en España para informarles sobre la sentencia del Tribunal Supremo. También envió a las embajadas y consulados españoles en el exterior informes sobre el mismo asunto junto a la declaración institucional del presidente del Gobierno. La batalla por el relato en el exterior es un flanco que el Ejecutivo de Sánchez, escarmentado con lo que ocurrió el 1-O , no quiere dejar desguarnecido en esta ocasión.  

CAUSAS PENDIENTES  

El otoño secesionista de 2017 en Cataluña sembró varias semillas judiciales. No solo la causa en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, cuya sentencia se ha conocido ahora, o en la Audiencia Nacional contra la cúpula política y policial de los Mossos d’Esquadra, que se juzgará a partir del 20 de enero. También se abrieron decenas de procedimientos en juzgados ordinarios de toda la comunidad que hoy siguen tramitándose.  

El mapa judicial que dejó el  procés es tan diverso que se estima que hay más de 30 juzgados investigando denuncias en Barcelona, Tarragona, Gerona o Lérida y unos 50 procedimientos en marcha con varios centenares de encausados. No existen cifras oficiales dada la dificultad de acceder a los datos, según admiten fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque el presidente de la Generalitat Quim Torra habló de 2.000 investigados o procesados.  

Los juzgados catalanes tramitan procedimientos por delitos de todo calado: malversación de fondos públicos, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, delito de odio, falsedad documental, coacciones, lesiones o amenazas. Y entre los investigados hay políticos, alcaldes, concejales, policías nacionales, mossos, maestros, bomberos, empresarios o particulares.