Casado aboga por recuperar las competencias de prisiones

En formato declaración institucional, es decir, sin preguntas, Pablo Casado esbozó ayer en el Congreso su propuesta programática para hacer frente al independentismo en caso de llegar a la Moncloa tras el 10 de noviembre. La oferta del PP, trasladada tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, pasa por un endurecimiento del Código Penal que disuada de convocar un referéndum o emprender un nuevo proceso de ruptura y por recuperar las «competencias» de prisiones transferidas a la Generalitat en 1983.  

Fue en diciembre de ese año cuando el Ejecutivo socialista de Felipe González aprobó un real decreto que traspasaba al Gobierno de Cataluña la administración penitenciaria. Ahora, el PP, sin embargo, aboga por revertir la situación para garantizar, argumentan los conservadores, que los dirigentes independentistas cumplan las penas y evitar un «régimen diferenciado» en la cárcel de Lledoners que favorezca a los líderes catalanes.  

«La posible discrecionalidad para conceder el tercer grado -advirtió ayer en una entrevista en A3- no se debería producir y el Gobierno tiene que recuperar esas competencias si eso sucediera». En realidad, según la legislación vigente, la Fiscalía, como reconocieron en privado fuentes del PP, puede pronunciarse en contra de una medida de este tipo acordada en el centro penitenciario y sería un juez de vigilancia el encargado de resolver.  

Aun así, los populares mantuvieron ayer su compromiso de revocar las transferencias en esta materia; una promesa que, en realidad, no es nueva. Casado pidió, en todo caso, al Gobierno que descarte la medida de gracia para los líderes del proceso secesionista.