La ausencia de responsabilidad civil favorece las excarcelaciones
La decisión del Tribunal Supremo de no determinar en la sentencia del procés la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos, al que fueron condenado cuatro de los 12 acusados, favorecerá la progresión penitenciaria de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, según explican fuentes jurídicas y penitenciarias.
La razón es que la junta de tratamiento de las cárceles catalanas donde se encuentran no tendrán que valorar el requisito de la reparación económica del daño cuando estudien las situaciones de los presos. Es decir, una eventual ausencia de pago no podrá ser utilizada en su contra, pese a que se trata de un requisito administrativo importante para valorar las peticiones de salida o el ascenso de grado carcelario.
Pero, ¿por qué la Sala no castigó a los acusados al pago de la responsabilidad civil por los gastos del referéndum? Pese a que la sentencia considera probado que se malversó dinero público (el coste superó los 2,35 millones de euros), los magistrados entienden que debe ser el Tribunal de Cuentas quien sustancie la cuantía en un procedimiento paralelo, tal y como le pidió la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Se trata de un trámite similar al abierto contra el expresidente catalán Artur Mas en la causa por desobediencia de la consulta del 9 de noviembre de 2014, que se alargó varios años y concluyó con la condena al pago de 4,9 millones.
Además de este factor favorable a los presos, los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña tienen la potestad para dar todo tipo de permisos una vez que cumplan una cuarta parte de la condena. Los primeros serán los ‘Jordis’ -castigados con nueve años de cárcel- el próximo 14 de enero, en junio lo podrá pedir el exconsejero de Interior Joaquim Forn y en enero de 2021 Junqueras.
Cualquier decisión que tome la administración catalana -tiene las competencias transferidas desde principios de los ochenta- podrá ser revisada por la justicia tras el imprescindible recurso de la Fiscalía.