Torra amenaza con un nuevo referéndum antes de que acabe la legislatura en 2021
cristian reino | barcelona
Quim Torra va por libre, y está dispuesto a inmolarse para ser fiel al legado de sus dos antecesores, Artur Mas y Carles Puigdemont. Como ellos, ayer elevó el desafío al Estado, que le vigila de cerca para ver si adopta medidas excepcionales, y amenazó con celebrar un nuevo referéndum de autodeterminación antes del final de la legislatura catalana, en diciembre de 2021. Torra llevaba meses avisando que daría una respuesta institucional a la sentencia del Supremo contra los líderes del procés basada en la autodeterminación. Lanzó su nuevo órdago ante el Parlamento de Cataluña, que celebró ayer un pleno a petición del presidente de la Generalitat para abordar la situación que se abre tras la condena a los responsables del procés , que calificó de «infame» e «ignominiosa».
El desafío del president, en cualquier caso, tiene letra pequeña. De entrada, no pronunció la palabra referéndum en el discurso de nueve páginas que leyó en el hemiciclo. Las fórmulas que empleó fueron las siguientes: «Esta legislatura debemos poder finalizar validando la independencia», «se deberán volver a poner urnas para la autodeterminación», «yo defenderé que esta legislatura acabe volviendo a ejercer el derecho de autodeterminación». En su entorno señalaron que la propuesta está abierta y que contempla diferentes opciones: desde un referéndum unilateral como el del 1-O, pero también uno acordado como el escocés o incluso unas elecciones de tipo plebiscitario.
La otra letra pequeña de su desafío es que el líder soberanista se compromete a llegar hasta el final siempre y cuando haya consenso entre «todos los partidos y organizaciones», una unidad que a día de hoy es una quimera pues las relaciones entre los dos socios de gobierno, JxCat y ERC, están bajo mínimos. La propuesta que Torra lanzó ayer al Parlament provocó la enésima crisis entre los independentistas. No tanto por el contenido, con el que ERC y la CUP podrían estar de acuerdo, como por las formas. El presidente catalán no solo no trasladó a sus socios de ERC el contenido de su discurso, sino que ni siquiera los consejeros de su partido, JxCat, sabían lo que defendería. ERC y la CUP se desmarcaron ya en pleno debate. «No es el momento de poner fechas», le avisó el portavoz republicano, Sergi Sabrià.
Fuentes próximas al presidente de la Generalitat reconocieron que se trataba de una idea personal del jefe del Ejecutivo. De hecho, casi lo más significativo del debate parlamentario fue que JxCat y ERC no fueron capaces de consensuar un texto conjunto para que fuera votado por el pleno a modo de propuesta de resolución para que fuera una declaración solemne de la Cámara contra la sentencia.
La ruptura es cada vez mayor y el «malestar» con Torra ya no solo procede de las filas de ERC, sino de las propias. El sector más próximo al PDeCAT es muy crítico y solo tiene el apoyo de los más fieles a Carles Puigdemont. Pere Aragonès solicitó una reunión a Torra para que dé explicaciones de por qué actúa de forma unilateral sin consultar a sus consejeros. El cisma se consumó solo un día después de que Torra se las viera con Aragonès, y los consejeros Meritxell Budó y Miquel Buch para analizar las actuaciones de los Mossos. También abordaron su negativa a dar la cara y pedir calma a la ciudadanía y condenar la violencia.
El presidente de la Generalitat propuso tres vías como respuesta al Supremo y para avanzar hacia la independencia. Apostó por el Consejo de la República que preside Puigdemont en Waterloo, y que ya ha anunciado la convocatoria de una asamblea de cargos electos. Además, dijo que en primavera estará lista una propuesta de Constitución catalana para que sea debatida en el Parlament. Torra desafío al Constitucional, que el martes le advirtió con consecuencias penales. «Ningún tribunal me impedirá impulsar iniciativas sobre la autodeterminación. Ni un paso atrás», avisó.
En la oposición le dan por amortizado. Ciudadanos, PSC, los comunes y el PP le pidieron que dimita y convoque elecciones de inmediato. El presidente de la Generalitat lo tiene muy complicado para llegar hasta el final de la legislatura pues el próximo 18 de noviembre se sentará en el banquillo para ser juzgado por un delito de desobediencia por no retirar a tiempo en la anterior campaña electoral la pancarta a favor de los presos. Torra podría ser inhabilitado, porque él mismo admitió ante el juez que desobedeció, lo que obligaría a convocar una nueva sesión de investidura.