Sánchez aprueba por sorpresa un decreto ley para frenar la ‘república digital’ catalana
paula de las heras | madrid
La oposición a su derecha no se cansa de cuestionar su tibieza en la crisis de Cataluña. Y Pedro Sánchez no escatima en esfuerzos por exhibir, desde hace más de un mes, firmeza y mano dura frente a la Generalitat y las fuerzas independentistas que le ayudaron a desbancar a Mariano Rajoy de la Mocloa y le ofrecieron la oportunidad de adquirir experiencia de gobierno. El secretario general del PSOE volvió ayer a la carga con un real decreto ley para cortar de raíz el intento de crear en la red una suerte de Estado catalán digital. Pero no sólo eso. El Consejo de Ministros acordó también presentar tres incidentes de ejecución de sentencia contra decisiones de la Mesa del Parlament, solicitó un informe al Consejo de Estado para recurrir una resolución debatida la semana pasada y, como colofón, la vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguró que la Abogacía del Estado defenderá a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han actuado en los disturbios de las últimas semanas.
Vía de lo penal
Los incidentes de ejecución de sentencia no son una cosa menor porque en ellos se insta al Tribunal Constitucional a determinar si cabe que la Fiscalía actúe ya por la vía de lo penal contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de miembros de la Mesa, que fueron apercibidos hace unas semanas sobre las consecuencias que tendría desobedecer mandatos previos de la corte de garantías. Eso implicaría iniciar un procedimiento que puede acabar con la inhabilitación de todos ellos para el ejercicio de cargo público, como le sucedió en su día a Carme Forcadell (ahora además condenada por el Tribunal Supremo a once años de cárcel por un delito de sedición).
La medida a la que Sánchez quiso dar más vuelo fue, sin embargo, el decreto ley contra uno de los proyectos estrella del Consejo de la República, el órgano privado creado en octubre de 2018 a mayor gloria de Carles Puigdemont y presentado en el propio Palau de la Generalitat. «El Estado de derecho va a ser igual de contundente off line que on line», reivindicó durante una entrevista en Onda cero. La norma, que tendrá que ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de 30 días a partir de su publicación y entrada en vigor, obligará, entre otras cosas, a que todos los servidores empleados por las Administraciones (la central, las autonómicas o las locales) estén residenciados en la UE y no puedan alojarse en paraísos fiscales. Ese requisito tiene un porqué. Para evitar ser intervenido, el sitio Republicat.cat, en el que el independentismo pretendía configurar una especie de Parlamento virtual compuesto por 100 o 150 personas, fue registrado hace cerca de un año en el servicio de un cofundador del portal de piratería The Pirate Bay que se encuentra en la isla caribeña de Nieves. Lo que no terminó de aclarar el Ejecutivo, aun así, es cómo se justifica la urgencia de esta medida, un requisito indispensable para recurrir a un instrumento legislativo tan excepcional como el decreto ley.
«Identidad soberana»
Sánchez adujo que también se pretende evitar que la Generalitat «haga uso de datos espurios» como ya hay más que sospechas, según dijo, de que está ocurriendo. De manera implícita, tanto él como Calvo remitieron así a otra iniciativa de la Generalitat presentada este septiembre por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, bajo el nombre de ‘IdentiCAT’ para crear «un nuevo modelo de identidad digital, descentralizada y autosoberana». El movimiento creó muchas suspicacias, en buena medida, porque se interpretó que era un modo de sortear la falta de acceso al censo electoral con la que se topó el Govern en las consultas sobre la independencia de 2014 y 2017, aunque el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, aseguró que en ningún caso se trataba de crear un ‘DNI catalán’ como el que en su día intentó poner en marcha Puigdemont. La vicepresidenta argumentó que razones de seguridad le impiden ser más explícita, pero dejó caer que también se trata de proteger el próximo proceso electoral. Y avisó a la oposición de que espera su colaboración en esta materia.