La sentencia de los ERE se salda con duras condenas de cárcel y caen Chaves y Griñán

Al final, hubo un plan y hubo también un gran fraude. La Audiencia provincial de Sevilla enmendó ayer la plana a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía —que limitaron el caso de los ERE fraudulentos a «cuatro golfos»— asestando un duro varapalo a la corrupción de una década de gobierno del PSOE en la comunidad. Y todo al dar por válido que el Ejecutivo regional, con Manuel Chaves, a la cabeza impulsó un sistema inadecuado para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Un procedimiento en el que la agilidad se logró a costa de «eliminar los mecanismos de control legalmente establecidos».

Chaves es condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, mientras que para quien fuera su consejero de Hacienda y luego sucesor, José Antonio Griñán, la condena es a seis años de prisión por un delito continuado de malversación y 15 de inhabilitación.  

Abogados y altos cargos esperaban una sentencia dura, pero tal vez no tanto, por lo que anuncian que habrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que retrasará su ingreso en prisión hasta que la sentencia sea firme. En total, 68 años de cárcel y 253 de inhabilitación. Se malversaron 680 millones de euros.  

IMPLACABLE  

La justicia ha sido implacable y condena a 19 de los 21 encausados, 10 de ellos con penas de prisión por delitos de malversación continuada. Es el caso del núcleo duro de la Consejería de Empleo, con los exconsejeros Antonio Fernández o José Antonio Viera, y los exdirectores de Trabajo como Javier Guerrero y sus sucesores, que afrontan condenas de entre ocho y seis años de prisión y hasta 19 de inhabilitación, y de quienes fueron responsables de las áreas de Hacienda o Innovación, como los exconsejeros Francisco Vallejo o Carmen Martínez Aguayo.  

Los nueve imputados que se libran de la cárcel son el propio Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Alvarez, y los cargos intermedios como exsecretarios generales técnicos de Empleo o el director general de Presupuestos, a los que se impone una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación. Tanto el exinterventor como el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta han sido absueltos.  

La sentencia de 1.821 páginas asume casi íntegramente la tesis abonada por la juez Mercedes Alaya desde que a comienzos de 2011 empezara a investigar el caso a raíz de las irregularidades detectadas en la empresa mixta Mercasevilla, y que fue recogida luego por la Fiscalía: que la cúpula de la Junta era consciente de lo que pasaba.  

Según el fallo conocido ayer, Chaves y Griñán, junto al resto de condenados, eran «plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron» al promover y mantener un sistema inadecuado para el pago de estas ayudas entre 2000 y 2009.  

En el origen de todo se sitúan los reparos que puso la Intervención General a las ayudas que se quisieron conceder a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa) mediante subvenciones excepcionales. Ante esos problemas y retrasos, se optó por cambiar el sistema y pagar las ayudas mediante transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo al Instituto Andaluz de Fomento (IFA).  

«Un cambio no menor» que omitía la fiscalización previa y generó «un descontrol absoluto».  

El fallo apunta a Chaves, máximo responsable jerárquico de la Junta, como responsable del cambio del procedimiento de pago, considerando «impensable» que surgiera de Economía y Hacienda.De la misma manera, el fallo estima que la decisión de dar las ayudas «no partía solo de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto». La decisión fue del Consejo de Gobierno, el área de Empleo tramitaba y organizaba los expedientes con cargo a la partida 31L y Economía y Hacienda no evitó que los fondos «fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados».  

Es decir, Griñán y su equipo conocieron los informes de la Intervención General de la Junta que censuraron el sistema de ayudas, pero no hicieron nada para evitarlas. Como resultado, «las consecuencias económicas para los fondos públicos de la Junta de Andalucía fueron claras e importantes».  

El caso ERE sigue adelante, con un próximo juicio previsto en septiembre del 2020 y más de 150 piezas pendientes de concluir la instrucción y medio millar de investigados.