Las condenas a los altos cargos de la Junta son la punta del iceberg del caso de los ERE
cecilia cuerdo | sevilla
La sentencia de la denominada pieza política de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía es solo la primera meta volante de la carrera de fondo en que se convirtió una larga instrucción que comenzó en enero de 2011 y que se reveló como una de las mayores causas por corrupción del país a tenor del volumen defraudado y el número de implicados. Según fuentes judiciales, todavía siguen «vivas» o en fase de instrucción 120 piezas correspondientes a las ayudas directas a empresas, intrusos o sobrecomisiones. Otras cuatro esperan ya en la Audiencia Provincial de Sevilla a que se señale fecha de juicio, entre ellas la más escabrosa, la del que fuera chofer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que percibió 1,4 millones de fondos públicos que se gastó en parte en fiestas y drogas.
El dato más claro que permite apreciar la ingente labor judicial que supuso este caso lo facilitó la juez instructora María Núñez Bolaños en el auto con el que cerró la pieza matriz de los ERE, la que abrió su antecesora Mercedes Alaya en enero de 2011 al tirar del hilo de las supuestas irregularidades en las prejubilaciones de la empresa mixta Mercasevilla. Tras una batalla judicial entre fiscal y juez, y para evitar la prescripción de delitos sepultados por una mastodóntica investigación, en 2015 se optó por desgajar esa pieza central en decenas de causas separadas, una por cada ayuda irregular concedida, de ahí que esa diligencia inicial se cerrara al quedar sin contenido. En ese auto, fechado en diciembre de 2018, la jueza explicó que se habían abierto un total de 187 piezas separadas de investigación, de las que continuaban en ese momento en fase de instrucción 146 piezas con un total de 507 imputados.
Las 41 restantes eran causas ya finalizadas, divididas entre aquellas sobreseídas o archivadas al no apreciarse existencia de los delitos de malversación o prevaricación que se investigaban, unas 36, o bien aquellas que habían iniciado ya el procedimiento de enjuiciamiento. Entre estas últimas se encontraba la pieza política, cuya sentencia se acaba de conocer, y otras cuatro que aguardan en la Audiencia. El colapso de la Audiencia provincial provoca que la primera de ellas, conocida como Acyco, no vaya a ser juzgada antes del último trimestre de 2020. Será la segunda vista oral de la macro causa.