El PSOE busca el aval del Congreso a la mesa de diálogo entre la Moncloa y la Generalitat

En mayo de 2005, José Luis Rodríguez Zapatero consiguió el blindaje jurídico al proceso negociador que pensaba abrir con ETA mediante una autorización del Congreso que avaló las conversaciones cuando la banda terrorista dejara las armas. Pedro Sánchez barrunta ahora una fórmula parecida para dar «seguridad jurídica» a la mesa de diálogo entre su Gobierno y la Generalitat, exigida por Esquerra en las negociaciones para la investidura del líder socialista. La propuesta ya ha llegado a la mesa de los negociadores, aunque todavía no hay un acuerdo ni una decisión tomada.

El PSOE y los republicanos reconocen que el formato de esta mesa de diálogo entre gobiernos es uno de los escollos que frena el avance de las conversaciones. Los socialistas han acabado por aceptarla tras la negativa de Esquerra a reactivar por su carácter sectorial la comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut, pero no se ponen de acuerdo con sus interlocutores sobre el marco jurídico que debe arropar ese foro. Sánchez señaló el viernes desde Bruselas que «el diálogo debe ser el método, y el marco tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas», léase la Constitución. Tras la tercera reunión de los equipos negociadores el martes pasado ambas partes constataron que han logrado «avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña». Un lenguaje oscuro para referirse al foro de diálogo en sí y a su marco jurídico.

El asunto volverá estar en la mesa en la cuarta reunión que mantendrán la próxima semana, aún no han fijado fecha ni lugar, los equipos que capitanean los portavoces en el Congreso del PSOE y Esquerra. El aval parlamentario a la mesa de diálogo, cuya composición también es motivo de profundas discusiones, pondría las conversaciones a salvo de impugnaciones sobre su constitucionalidad y reforzaría su legitimidad al contar con el visto bueno del Poder Legislativo. La luz verde, además, no sería difícil de fraguar porque la misma mayoría que podría dar la investidura a Sánchez respaldaría la fórmula jurídica del paraguas legal del Congreso. Es más, podría verse reforzada porque sería coherente que Esquerra, EH Bildu e incluso Junts per Catalunya votasen a favor, aunque no lo hagan a la investidura. Los republicanos y la izquierda abertzale solo se plantean la abstención como gesto máximo para que Sánchez revalide su mandato, y los postconvergentes de Carles Puigdemont están anclados en la negativa.

Dispuestos a arriesgar

Ese paso, en todo caso, sería posterior a la investidura, apuntan fuentes socialistas. En la negociación se alcanzaría un compromiso claro y por escrito de que una vez investido Sánchez se activaría la mesa de diálogo entre gobiernos para afrontar «el conflicto político» en Cataluña. Una solución ya apuntada en la reunión de Pedralbes de diciembre del año pasado, pero que se desbarató con la convocatoria anticipada de elecciones generales.

El PSOE está dispuesto a dar pasos para llegar a un acuerdo que van a suscitar polvaredas. «Haremos lo que haga falta» para que la investidura y el Gobierno de coalición con Podemos no se frustren, admitió Miquel Iceta. «Si es necesario, «mordiéndonos la lengua y no diciendo lo que quisiéramos», apuntó. La vicepresidente Carmen Calvo también garantizó que el PSOE está decidido a «dar pasos» para encontrar soluciones al conflicto político de Cataluña. El acuerdo, avisó, incluirá «razones» tanto de uno como del otro. «¿A quién le extraña que dialoguemos? Se lo tiene que mirar», advirtió la número dos del Gobierno durante su intervención en el congreso del PSC. Ese diálogo, subrayó, tendrá los límites «políticos y jurídicos» que «la democracia nos obliga». En todo caso, subrayó, es «un honor inmenso» para los socialistas contribuir para alcanzar una solución «razonable, posible, democrática y legal» en Cataluña.