Hacienda exige ajustes a Andalucía por incumplir el déficit heredado del PSOE
El Gobierno de coalición de PP y Cs denuncia que se trata de una «intervención financiera»
Andalucía no podrá salir a los mercados para financiarse y deberá confeccionar un plan de ajuste para ajustarse a los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla del gasto incumplidos en 2018. Así consta en la carta remitida por el ministerio de Hacienda a la Junta de Andalucía por haberse desviado de la senda marcada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que se ha conocido justo después de la comunidad se convirtiera en la primera en tener aprobadas las cuentas de 2020. El Ejecutivo de PP y Cs se lo tomó como un ataque a Andalucía y recordó que ese año todavía estaba al frente de las cuentas andaluzas María Jesús Montero, hoy ministra y promotora de la carta.
Para la Junta es una «intervención financiera» por cuestiones políticas. Desde el Ministerio niegan esa intervención de las cuentas, ya que el Gobierno que preside el popular Juan Manuel Moreno preparaba para 2020 una operación para captar 1.930 millones, y ahora podrá buscar ese crédito en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). «Andalucía cumplió los objetivos establecidos en la Ley de Estabilidad en 2017, y por eso se le autorizó a salir a los mercados, pero esos requisitos no se dan en 2018 y por eso no puede optar por esa vía», señalan en Hacienda. Recuerdan además que la carta se remite a todas las comunidades que se desvían de la senda de déficit -y todas lo han estado alguna vez en los últimos años- y fue enviada antes de la aprobación de los presupuestos. Por esta razón el Ejecutivo autonómico no tiene que modificar sus cuentas, pero sí presentar un anexo en el que se detalle cómo realizará el ajuste del gasto.
Una décima más
No lo ven así desde el Gobierno de coalición de PP y Cs, que considera la medida «arbitraria», un «atentado contra la autonomía» de Andalucía y pide una rectificación. Explican que la Junta cerró el ejercicio 2018 en el 0,5% de déficit, una décima más del listón fijado por Hacienda, unos 813 millones de euros. El Ejecutivo regional lo atribuye a la herencia recibida ya que el dinero se fue en el pago de dos sentencias contra la Junta de Andalucía que, aunque se abonaron en 2019, fueron computadas en las cuentas del último trimestre de 2018, ya bajo el mandato de Antonio Ramírez de Arellano, sucesor de Montero a mediados de 2018 al frente del área presupuestaria. Aunque Andalucía obtendrá el dinero al mismo interés que si saliera a los mercados, el problema reside, alega la Junta, en que la inclusión en el FLA supone la monitorización mensual de las cuentas autonómicas, así como la necesidad de aprobación de cualquier operación de endeudamiento. Aventura que el plan de ajuste que requiere Hacienda tendrá impacto en Sanidad y Educación, las dos partidas más abultadas en los presupuestos. Unas cuentas que, por otra parte, ya contaban con el tirón de orejas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ante la rebaja de impuestos prometidas.