Sánchez acepta ahora recibir a Torra dentro de un plan de «normalización territorial»
El líder del PSOE sigue desmontando el discurso con el que fue a las elecciones del 10-N para lograr la abstención de ERC
Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, informa de su conversación con Sánchez.
La investidura bien vale para Pedro Sánchez un cambio de criterio sobre cómo debe abordarse la crisis catalana. El presidente del Gobierno en funciones dio hoy un paso más en su marcha atrás respecto al discurso que desplegó durante la campaña electoral del 10 de noviembre y accedió a celebrar un encuentro con el hasta hace muy pocos días ‘maldito’ presidente de la Generalitat, Quim Torra, como parte de un plan, o así se justificó desde la Moncloa, para hacer de esta legislatura la del «diálogo territorial».
El Gobierno en funciones dedicó especial empeño a matizar, a través de un comunicado, que esa cita se producirá sólo después de que se haya formado un nuevo Ejecutivo y que será equivalente a las que tiene previsto mantener con el resto de presidentes autonómicos, con los que también se puso ayer en contacto, como había prometido la semana pasada. Pero la apostilla no hace menos brusco el cambio de guión.
En el más de un mes de campaña que se pasó recorriendo España —entre el 24 de septiembre y el 8 de noviembre apenas tuvo jornadas sin actos electorales—, Sánchez defendió que el «problema de convivencia» que existe en Cataluña debía ser resuelto entre los propios catalanes, que lo primero era que la Generalitat reconociera a quienes no compartían la causa independentista y se sentara a hablar con ellos y que sólo después el Gobierno podía ayudar en el camino que eligieran.
«Le digo a Torra que antes de hacer llamadas de tarifa interurbana haga llamadas urbanas a los líderes del PSC, de Ciudadanos y del PP y, ya de paso, a los familiares de los policías nacionales heridos», decía en los mismos días en los que se negaba a coger el teléfono al ‘president’ por su «equidistancia» entre las fuerzas de seguridad y quienes, tras la sentencia del ‘procés’, llenaron de violencia las calles de Cataluña.
LA CONDENA QUE LO DESMONTA
Es probable que, en realidad, el encuentro entre Sánchez y Torra no llegue a producirse nunca porque, previsiblemente, en las próximas semanas se hará firme en su contra una condena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por haber desobedecido la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y la pancarta de solidaridad con los presos del edificio del Palau en plena campaña de municipales.
Pero el reconocimiento de su persona, demandando por Esquerra las negociaciones para la investidura, ya se ha producido y se suma a la disposición a crear una mesa de diálogo entre gobiernos sobre el futuro de Cataluña (aunque aún no se haya concretado su fórmula jurídica), a la admisión de que existe un «conflicto político» sobre la independencia y a la promesa de que se buscará una solución en el marco de la «seguridad jurídica», un término mucho más ambiguo que la palabra Constitución.
«El presidente le ha mostrado su deseo de que la legislatura que se inicie si obtiene la confianza de la Cámara, sea la legislatura del diálogo. El propósito —alegó la Moncloa— es reducir la tensión territorial». Como hizo para justificar la llamada a Torra, el Gobierno insertó el eventual encuentro con el representante de la Generalitat dentro de un plan con el conjunto de los presidentes autonómicos para la «normalización territorial». Un plan que conllevaría reuniones bilaterales con todos (como ya hizo en su primer mandato) y la convocatoria anual de la Conferencia de Presidentes en el Senado. A la última, en 2017, por cierto, no acudieron ni el entonces ‘president’ Carles Puigdemont ni el ‘lehendakari’ Iñigo Urkullu, el primer representante autonómico en hablar ayer con Sánchez, conforme al habitual protocolo institucional.