Puigdemont reclama al Supremo que retire la orden de detención contra él

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que levante la orden nacional e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión que pesa sobre él y que archive la causa tras la posición de la Justicia Europea en relación con la inmunidad de los eurodiputados.

En su escrito, presentado ante el Supremo ayer, Puigdemont sostiene, al estar protegido por la inmunidad parlamentaria, que «no procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restrictiva de la libertad de movimientos» y, por tanto, a su juicio no es necesario solicitar ninguna autorización al Parlamento Europeo.

Para el expresident, que obtuvo un escaño en las pasadas elecciones europeas, la pretensión de la Fiscalía, que cree que su inmunidad no impide mantener las euroórdenes y que solicitó al Supremo que pidiese la suspensión de su inmunidad, «no solo es extravagante sino que es grosera, manifiesta y palmariamente ilegal, con todo lo que ello implica».

Puigdemont sostiene que la euroorden contra él fue dictada «sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo» y pide asimismo levantar el resto de medidas cautelares «por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición», y que se aparte al juez instructor del «procés», Pablo Llarena, por falta de imparcialidad.

Carles Puigdemont considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró que Oriol Junqueras adquirió la inmunidad desde que resultó elegido eurodiputado debe tener un efecto inmediato en la causa que se mantiene abierta en el alto tribunal contra él y los ‘exconsellers’ que le acompañaron en la huida: el sobreseimiento libre y archivo inmediato de las actuaciones referidas a él, por ser eurodiputado y no ser los hechos que se le imputan «constitutivos de delito alguno».

En un escrito de 63 páginas presentado en respuesta al requerimiento hecho a las partes el juez Pablo Llarena, instructor de la causa seguida contra el ‘procés’, en cuyas manos sigue la relativa a los huidos, el abogado del ‘expresident’, Gonzalo Boye, solicita que se levante cualquier medida cautelar dispuesta en su contra, como las ordenes nacionales e internacionales dictadas por las que habría ingresado en prisión si hubiera vuelto a España.

También pide que el propio Llarena sea apartado de estas pesquisas, al entender que sus decisiones son «incompatibles» a lo decidido por el tribunal europeo, lo que afecta a su imparcialidad. El escrito relativo a Toni Comín, también elegido europarlamentario, no se presentará hasta la próxima semana, por disponer de mayor plazo.

Ruiz-Mateos como precedente

Durante su argumentación, esgrime varias resoluciones judiciales anteriores, en las que se pidió el suplicatorio una vez fueron elegidos diputados: el del exdirigente de HB Ángel Alcalde Linares, que acabó huyendo antes de que se aceptara el suplicatorio por el Congreso, y el del empresario José María Ruiz-Mateos, en el que se solicitó después de la apertura de juicio oral y mientras se tramitaba se le dejara en libertad.