Sánchez nombra a Dolores Delgado fiscal general del Estado para controlar el ‘procés’

El Gobierno propondrá a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra, que ocupaba el cargo desde junio de 2018.

Esta propuesta se ha conocido al día siguiente de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicara la composición de su nuevo Ejecutivo en el que Dolores Delgado es sustituida por el magistrado Juan Carlos Campo al frente del Ministerio de Justicia. Dolores Delgado, nacida en Madrid en 1962, ocupó el número 5 de la lista del PSOE por Madrid para las elecciones al Congreso de los Diputados del pasado 10 de noviembre

De esta forma Dolores Delgado volvería a la Fiscalía, esta ocasión en su cúspide, de donde procedía antes de asumir la cartera de Justicia ya que era fiscal de la Audiencia Nacional, donde ejerció durante veinticinco años, gran parte de ellos al frente del área de coordinación de la lucha contra el yihadismo.

El nombramiento es insólito por ser la primera vez que el Gobierno designa a un exministro de Justicia para dirigir la Fiscalía General del Estado, aunque no es el primer integrante del un ejecutivo que llega después a ostentar este cargo. Javier Moscoso, que fue ministro de la Presidencia en el primer gobierno socialista de Felipe González, fue nombrado fiscal general del Estado en 1986, cuatro años después de entrar en el Ejecutivo, con lo que Delgado se convierte en la segunda en recorrer ese camino.

El Gobierno aprobará hoy su designación en Consejo de Ministros, el primero de esta nueva legislatura, y después deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, antes de su nombramiento por el Rey tras el preceptivo dictamen del Consejo General del Poder Judicial.

La Fiscalía actúa con independencia del Ejecutivo, según el ordenamiento jurídico, pero esa independencia quedó en entredicho cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en RNE dijo que la Fiscalía General dependía del Gobierno, al ser preguntado cómo tenía previsto traer de vuelta a España al expresidente catalán Carles Puigdemont. «¿La Fiscalía de quién depende?» preguntó Sánchez a su entrevistador, a lo que este respondió: «del Ejecutivo». «Pues ya está», zanjó el presidente, en lo que ha sido una de sus más polémicas intervenciones.

Sánchez matizó después estas declaraciones en otra entrevista en La Sexta en la que reconoció la autonomía del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial. «El nombramiento de la Fiscalía depende del Gobierno pero es autónoma», precisó el presidente, que añadió que la labor del Ejecutivo es «ayudar» a la Fiscalía y al Poder Judicial para que la extradición de Carles Puigdemont sea posible cuanto antes.

Según establece la Constitución, cuando asuma el cargo, Delgado se responsabilizará de «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados» y de «velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».

Se guiará, además, por los «principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».

El Gobierno le puede pedir que lleve a cabo acciones ante los tribunales en defensa del interés público, si bien los fiscales se guían por «el principio de imparcialidad» y actúan «con plena objetividad e independencia», según establece su Estatuto.

Estas comunicaciones se canalizan a través del ministro de Justicia, aunque el presidente del Gobierno también puede dirigirse directamente al fiscal si lo estima necesario. Tras recibir una solicitud por parte del Gobierno, y consultar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, el Fiscal General resolverá sobre «la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas» y expondrá su resolución al Gobierno «de forma razonada».

Regreso de Puigdemont

Delgado tendrá ahora ante sí ese reto de conseguir la vuelta de Puigdemont, que está pendiente de la euroorden emitida a Bélgica por el Tribunal Supremo, así como el de establecer la posición de la Fiscalía frente a los continuos recursos de los condenados por el «procés».

Entre ellos los tendentes a mantener su condición de eurodiputados como es el caso del propio Puigdemont, el exconsejero Antoni Comín, que se encuentra con él en Bruselas, o del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que la pasada semana perdió finalmente su condición de eurodiputado por orden del Supremo.

Hasta ahora la Fiscalía se ha mantenido firme en su postura frente a los independentistas catalanes a los que pidió condenar por un delito de rebelión frente al de sedición que defendió la Abogacía del Estado. De hecho, el Ministerio Fiscal ha optado por mantener la acusación por el delito de rebelión en el juicio al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero que comenzará la próxima semana, sin perjuicio de poderlo cambiar en la fase final de la vista oral.