Celaá da un mes a Murcia para renunciar al ‘pin parental’ antes de ir a los tribunales

La batalla abierta entre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, por un lado, y PP y Vox por otro está lejos de amainar. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, avisó ayer de que una vez enviado el requerimiento por el que el pasado viernes exigió al Gobierno de Murcia que retire la medida, concederá a la administración autonómica un mes y, si en ese plazo no atiende su demanda, el Ejecutivo central irá a los tribunales por la vía contencioso-administrativa; un paso que, adujo, preferiría no tener que dar.

De momento, nada invita a pensar en un cambio de criterio ni en un acuerdo entre las partes. El presidente murciano, Fernando López Miras, defendió en RNE el derecho de los padres a vetar la participación de sus hijos en actividades escolares complementarias y evaluables (como charlas, talleres, etc) si no las consideran adecuadas, aseguró que la iniciativa, en marcha ya desde el pasado septiembre, contó con el visto bueno de los servicios jurídicos de la comunidad y argumentó que lo que se ha instalado no es más que «polémica inventada» por el Ejecutivo de Sánchez para tapar sus propias actuaciones en otros ámbitos como el de la justicia.

Lo que, según Celaá, no está sobre la mesa es llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un mecanismo de ultimísimo recurso diseñado para obligar a una autonomía al cumplimiento forzoso de sus obligaciones cuando sus autoridades incurren en desobediencia o las desatienden gravemente, como sucedió en 2017 en Cataluña.

La que será delegada del Gobierno contra la violencia de género, la magistrada y diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell, sí dejó en el aire, sin embargo, esa posibilidad aunque luego matizó sus palabras.

Rosell comparó en una entrevista en la Ser el comportamiento del Ejecutivo murciano con el de Carles Puigdemont y apuntó que si «falla el diálogo político» y las autoridades autonómicas «realmente se cierran» podrían llegar a utilizarse cauces jurídicos como la intervención de las competencias de la región por la negativa «a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables».

Más adelante, no obstante, escribió en su cuenta de Twitter que sólo estaba pretendiendo poner de manifiesto «el absurdo» al que está llegando la derecha. «Se llama ironía», añadió.

El Gobierno sostiene, y en eso fundamenta su requerimiento al Ejecutivo murciano, que el llamado por Vox ‘pin parental’ vulnera el derecho a la educación que, conforme a la Constitución.

Celaá respondió además al líder del PP, Pablo Casado —que en una entrevista en Antena 3 equiparó la actitud del Gobierno con la de regímenes comunistas en los que «los niños son del Estado»— y recordó que fue el PP el que, con la Lomce, dejó a los padres sin poder de decisión al rebajar la capacidad de los consejos escolares y atribuirles un mero caracter consultivo, no decisorio, en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los centros.

El asunto tiene mucho de guerra cultural entre izquierda y derecha y por eso su resolución se vislumbra difícil. Aunque en muchas comunidades autónomas, como Andalucía, el PP quiere evitarlo ,Vox no renuncia a seguir martilleando con un asunto del que ha hecho bandera y con el que, además, ha conseguido una enorme repercusión mediática.

Atrapado entre dos fuegos queda Cs. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, acusó a socialistas y a Vox de agitar por igual la polémica sobre un problema «inexistente» con el único ánimo de polarizar y expresó serias dudas respecto a la idea del veto parental con ejemplos como el de unos padres independentistas o una familia de «islamistas radicales» que no quisieran que sus hijos acudieran a charlas sobre valores constitucionales. Se mostró contrario a poner «en jaque» un sistema que, dijo, «está funcionando y no requiere más cambios».