Iglesias gana su primer pulso en el Gobierno y logra desbloquear la ley de libertad sexual

El PSOE y Unidas Podemos habían sido capaces de sortear hasta ahora sus diferencias en el Gobierno sin demasiados sobresaltos a costa, en buena medida, de las tragaderas de Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo accedió a asumir sin protestar decisiones polémicas de Pedro Sánchez como la elección de Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado o la renovación de José Félix Tezanos, al que llegó a denunciar ante la Junta Electoral Central el pasado octubre, como director del CIS. En la última semana, sin embargo, dos asuntos más de fondo sobre políticas bandera de ambos partidos, las de igualdad y las migratorias, han provocado los primeros roces serios.

La sangre no ha llegado al río y la crisis parece ya encauzada, pero tras un primer encontronazo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su reacción satisfactoria ante la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que avaló las devoluciones en caliente y por su propuesta de endurecimiento de la ley de asilo de 2009, Unidas Podemos decidió hacer público ayer su malestar ante una actitud, a su juicio, obstruccionista del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Una actitud que llevaba camino de impedir que se cumpliera el compromiso de aprobar antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el anteproyecto de ley de libertad sexual. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, pretende que la violencia sexual reciba el mismo trato que la violencia de género, lo que implicaría que los delitos sexuales sean derivados a juzgados especializados y que sus víctimas tengan acceso a ayudas similares a las que perciben las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas.

Lo crucial, en todo caso, es que en ella se contempla también la reforma del Código Penal que eliminará la diferencia entre los delitos de abuso y agresión sexual y se centrará en la existencia o no de consentimiento, el «solo el sí es sí», una de las promesas estrella de ambas fuerzas políticas.

La formación de Iglesias no dudó en airear sus sospechas de que, «alegando generalidades de procedimiento, sin concretar», Campo estuviera tratando evitar que, al menos esa última parte del proyecto, se aprobara ya. No porque tenga dudas sobre su conveniencia (aunque los morados le acusen de ser «bastante conservador»), sino porque los socialistas llevan varias semanas dando a entender que todas las reformas del Código Penal previstas se abordarán de manera conjunta. Una decisión tras la que subyace el deseo de hacer pasar inadvertido su plan de beneficiar a los condenados del procés con la modificación del delito de sedición anunciada hace un mes. En el PSOE niegan que haya habido deseo de retrasar nada, como denunció Podemos. Sin embargo, el propio presidente del Gobierno admitió implícitamente el encontronazo con sus socios, después de que la Secretaría de Estado de Comunicación garantizara en una nota que el proyecto de ley de libertad sexual «estará listo en los plazos previstos» para enviar un «mensaje claro de compromiso con la igualdad» de cara al 8 de marzo.

Entre medias, tuvo que producirse un tenso encuentro en la zona de Gobierno del Congreso entre la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Un encuentro previo a la constitución de las dos comisiones con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden garantizar en adelante que actúan de manera coordinada -tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento- y que esta vez se saldó con la victoria del grupo confederal de izquierdas.