Podemos quiere abordar la liberación de los presos
Aunque no hay un orden del día para la mesa de diálogo entre la Moncloa y la Generalitat, la situación de los líderes del procés encarcelados será uno de los asuntos que más pronto que tarde estará sobre el tapete. La delegación independentista ya lo ha anunciado y hoy se sumó En Comú Podem, que estará representada en ese foro por el ministro Miguel Castells.
Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso, reclamó que se aborde porque será la mejor forma de demostrar que es real la voluntad de «desjudicializar» el conflicto catalán que defiende Pedro Sánchez.
«La libertad de los presos» es parte de la «agenda política de desbloqueo», apuntó el estrecho colaborador de la alcaldesa de Barcelona y hombre de confianza de Pablo Iglesias.
El Gobierno descarta la amnistía para los nueve encarcelados por el Tribunal Supremo que reclaman JxCat y Esquerra. Arguye que es una figura que no existe en el ordenamiento jurídico y que la Constitución establece que el rey «no podrá autorizar indultos generales».
Las amnistías, afirman fuentes socialistas, son propias de cambios de régimen, y así ocurrió en España con la restauración de la democracia tras el franquismo. Pero los comunes, y también los socialistas catalanes, presionan para buscar una solución al encarcelamiento de los condenados por sedición.
El propio primer secretario de los socialistas catalanes habló este fin de semana de la conveniencia de estudiar el indulto.
«La obligación de la revisión legal es de los políticos si ven que las cosas no ligan bien», señaló Miquel Iceta.
Tanto Catalunya en Comú como el PSC quieren arrebatar a las fuerzas independentistas ante la campaña electoral que se avecina en Cataluña la baza del victimismo que explotan con la prisión de sus líderes, un recurso de indudable rédito en las urnas.
El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, no tiene entre sus planes que la mesa de diálogo trate la situación de los presos del procés. La única iniciativa que tiene en mente en ese sentido es la reforma del Código Penal para «adecuar», léase suavizar, los castigos al delito de sedición. La vicepresidenta primera anunció ayer tras el Consejo de Ministros que esa reforma forma parte de los 92 proyecto de ley que el Gobierno va a enviar este año al Congreso para su tramitación.
La vicepresidenta Carmen Calvo no aclaró ayer si entrara en el paquete que la Moncloa enviará a la Cámara antes de agosto o en el del segundo semestre, pero dejó caer que será después del verano porque el Ministerio de Justicia tiene que reunir en su proyecto «diferentes reformas» que promueven varios ministerios.