Tribunales
Piden ocho años de cárcel al profesor del "sótano del horror"
El jefe de Anatomía de la Complutense acumuló cuerpos durante siete años sin haber sido incinerados En total, 530 cadáveres apilados sin ningún control
Cadáveres apilados en Medicina, en 2014. PABLO HERRAIZ QUICO ALSEDO
Las imágenes helaban la sangre. Más de 530 cadáveres donados a la ciencia estaban apilados sin control en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Era mayo de 2014 cuando salieron a la luz las fotos y al poco tiempo se supo que los cuerpos llevaban siete años acumulándose sin que hubieran sido incinerados. El director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, José Ramón Mérida, justificó entonces que no tenía medios para gestionar los cuerpos, ya que el responsable del horno crematorio se había jubilado y no habían podido sustituirle. No obstante, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias tras la denuncia de una trabajadora, el caso se judicializó y ayer presentó su escrito provisional de acusación.
Solicita ocho años de prisión para José Ramón Mérida. En concreto, tres años por un delito contra la salud de los trabajadores y un año por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral. La acusación particular elevó la petición a 21 años y 264.000 euros de indemnización.
"Degradante y nocivo" Según el relato del fiscal, el médico obligó a los trabajadores durante años a prestar sus servicios "en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas". Además, desatendió "sistemáticamente" sus demandas y los culpabilizaba por la situación del "sótano del horror", como lo definieron los investigadores. Una de sus quejas fue la de obligarles a trabajar en un subterráneo sin ventilación, "hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción".
Mérida era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal. "El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, les sumió en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que violaba su dignidad".