Policías y guardias civiles abren un frente contra el Gobierno, que veta sus exigencias

El Congreso no debatirá la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con otras fuerzas de seguridad autonómicas como la catalana o la vasca, con sueldos superiores. La Mesa de la Cámara baja, en la que el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, respaldó el veto del Gobierno a esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que atribuye a limitaciones presupuestarias por lo que ni si quiera será tomada en consideración.

El Ejecutivo se ampara en que sería «insostenible» tratar de igualar las nóminas de estos agentes con los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza ya que afecta a la política retributiva de las comunidades autónomas.

«Supondría un gasto de 1.900 millones que no están presupuestados», arguyó la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra.

MEDIO MILLÓN DE FIRMAS

Esta ley ciudadana recabó más de medio millón de firmas y llegó a ser tomada en consideración en 2018 por el pleno del Congreso por lo que la decisión del Gobierno de vetarla ha encendido a los miembros del sindicato policial Jusapol que han visto como se esfumaban sus expectativas para lograr que se les retribuya igual que a otros cuerpos policiales.

«Es un veto a la igualdad», insisten.

Miles de policías y guardias civiles —30.000 según Jusapol— se dieron cita ayer en las inmediaciones de la Carrera de San Jerónimo para protestar por la negativa del Gobierno a regular por ley la equiparación salarial a nivel nacional.

Los sindicatos policiales recordaron que así lo recogía el acuerdo firmado en 2017 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que asumió el gabinete de Pedro Sánchez, y que preveía un desembolso de 807 millones destinados a aumentar sus sueldos.

Un pago que se efectuaría además en tres tramos, durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, con el fin de que estos funcionarios cobraran lo mismo que los Mossos, que era el cuerpo policial de referencia. De aquel acuerdo ya sólo queda por ejecutar el último tramo.

«Ya se está haciendo un esfuerzo muy grande que supone una subida de media del 20%», indican desde Interior.

El ministro Fernando Grande Marlaska aseguró que la Iniciativa Legislativa Popular ha sido rechazada con «mucho pesar» y reiteró que su prioridad no solo es mejorar las condiciones salariales de los agentes sino también sus condiciones laborales que tengan más medios e infrastructuras.

Indignación de PP, Vox y Cs

Grande Marlaska cargó contra la posición de PP por apoyar la tramitación de esta iniciativa cuando durante sus siete años en la Moncloa hizo de los agentes «víctimas de sus recortes».

Los populares ya han anunciado que presentarán una «ley de retribuciones para abordar este asunto», según explicó su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, tras calificar la decisión gubernamental de «traición» a la Policía y la Guardia Civil.

POLICÍAS SALTAN EL CORDÓN

Durante la protesta, que arrancó en la plaza de Neptuno y llegó hasta las puertas del Congreso tras saltarse el cordón policial, dirigentes políticos de Vox y de Ciudadanos se acercaron a los manifestantes para expresarles el apoyo de ambos partidos.

La formación de Santiago Abascal anunció que llevará el veto ante el Tribunal Constitucional e incluso estudiará una posible querella por prevaricación contra los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados que han impedido la tramitación de la ILP.

Los liberales de Cs, por su parte, han registrado ya una proposición no de ley que exige la igualdad «salarial real y efectiva» para todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.