Felipe VI intervino para proteger la Corona de los negocios de su padre

La exigencia de transparencia y ejemplaridad a la que Felipe VI se comprometió en su discurso de proclamación en junio de 2014 está por encima de todo, incluso de los lazos familiares. Así lo demostró este domingo cuando anunció la decisión de renunciar a la herencia de su padre y de retirarle la asignación oficial. Una ruptura con la que el rey quiso marcar perfil propio e intentar proteger la Corona de la sombra del que durante décadas fue su principal valedor.

Fue hace un año, el 5 de marzo, cuando el despacho británico de Abogados Kobre&Kim, que representa a Corinna Larsen, escribió una carta al monarca en la que le comunicaba, sin aportar documento alguno, que figuraba como beneficiario en la fundación Lucum, vinculada a don Juan Carlos y en el punto de mira de la Fiscalía suiza por su opacidad. El horizonte judicial de la que fuera amante del rey emérito se había complicado después de salir a la luz las grabaciones en las que afirmaba que el ex jefe del Estado la había utilizado como testaferro y en las que hacía referencia además al supuesto cobro de comisiones por el AVE a La Meca. Con la Fiscalía del país helvético pisándole los talones, Larsen optó por pasar al ataque e intentar comprometer a Felipe VI en los negocios de su padre. Pero las intenciones de la empresaria alemana cayeron en saco roto. Lo primero que hizo el monarca fue responder al despacho de abogados que desconocía los hechos que le atribuían por lo que no tenía justificación que trataran de involucrarle. A continuación, mostró a don Juan Carlos la carta en la que se le comunicaba que a su fallecimiento sería beneficiario de la fundación Lucum, investigada por el supuesto cobro de comisiones millonarias de las arcas saudíes.

Felipe VI estaba obligado a actuar rápido si quería salvarguardar a la Corona y envió una copia de la carta a las autoridades competentes. Acudió además a un notario para dejar constancia de que, si eso había ocurrido, había sido a sus espaldas y para renunciar, en su nombre y en el de su hija mayor, la Princesa de Asturias, primera en la línea de sucesión al trono, a cualquier herencia personal que les pudiera corresponder. Pero el monarca dio un paso más allá. Había llegado la hora de apartar a don Juan Carlos de la actividad pública, que se hizo tres meses después de recibir la misiva. La decisión no afectaba a la reina Sofía, que mantiene su agenda oficial. Cerrado el círculo solo quedaba ponerle fecha al divorcio y en Zarzuela decidieron retrasarlo para el momento en el que las informaciones involucraran directamente a Felipe VI, algo que se produjo el pasado fin de semana con la información que publicaba el diario británico ‘The Telegraph’.

Antes de la separación oficial, el rey emérito hizo su último servicio a la Corona y cargó con sus propios errores. Ratificó que su hijo desconocía la existencia de las dos sociedades ‘offshore’ que se le atribuyen. Todo un reconocimiento implícito de su existencia. Ahora serán los tribunales quienes diriman la veracidad de todas las acusaciones.