Laboral
Los Erte se disparan en León con 5.155 trabajadores afectados de 1.032 empresas
Suponen el 30% de los 3.288 expedientes que se han presentado en toda Castilla y León
En apenas cuatro días ya hay 5.155 trabajadores de León a los que les han comunicado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por culpa de la crisis económica que ha traído el coronavirus. El dato lo dio ayer la Consejería de Empleo e Industria y corresponde al periodo comprendido entre el lunes y el jueves a las dos de la tarde. Incluye además los que se realizaron de forma presencial, antes del cierre del registro.
En este tiempo, 1.032 empresas han presentado la documentación pertinente para hacer ajustes en la plantilla —hoy ya serán algunas más—, totales o parciales, que deberán revertirse en cuanto cese la «causa mayor» que los ha motivado. La situación es especialmente grave en León, como han avisado sindicatos y patronal, conscientes de que miles de personas dependen de dos sectores muy castigados tras la pandemia, la hostelería y el comercio, cerrados por Real Decreto.
En León se han disparado las solicitudes hasta suponer poco más del 30 por ciento de los 3.288 Ertes que han llegado a la Administración autonómica desde que estalló la crisis. Uno de cada cuatro trabajadores afectados desempeña sus funciones en una compañía leonesa. La oficina virtual estuvo colapsada ayer durante varias horas.
Donde menos impacto han tenido hasta el momento estas medidas excepcionales ha sido en Ávila, que contabiliza 202 Ertes para 1.116 personas. En Valladolid hay ya 3.278 empleados que tendrán que acudir al paro mientras dure esta situación tan anómala. Además, en la Dirección General del Trabajo han tramitado otros cuarenta que implican a 15.630 personas más en todo el territorio comunitario. El de Renault, uno de los más importantes, lo sufrirán en las dos plantas que la factoría tiene en la ciudad castellana. También los que operan en Palencia.
Lo más importante ahora, según subrayan los líderes de CC OO y UGT, Xosepe Vega y Enrique Reguero, respectivamente, es asegurar el empleo y evitar cualquier tipo de despido encubierto. También vigilar que se cumplan las medidas de seguridad en los centros que continúan abiertos. Ya han recibido algunas denuncias. «Lo principal es la salud de todos y hay medidas que son mejorables», subrayó ayer el líder provincial de Comisiones Obreras, que puso como ejemplo de mala praxis lo que ha sucedido en algunos call center, donde se ha expuesto al personal.
A partir de ahí, asegura, estarán muy atentos a cómo justifican los demandantes la regulación de empleo. No van a pasar ni una. «Si alguien, de manera fraudulenta, aprovecha esta situación, esa empresa debe sufrir una sanción social. No vamos a permitir que aparezcan piratas», señaló Xosepe, quien apeló a la responsabilidad, y a la inspección, para minimizar los daños.
Lamentó además que las medidas aprobadas por el Gobierno hayan dejado de lado a los autónomos y reclamó a la Junta que implemente los mecanismos necesarios para que en las empresas sin representantes sindicales pueda llevarse a cabo la negociación tal y como marca la orden, es decir, con las agrupaciones mayoritarias dentro del sector. Del mismo modo, pidió a las administraciones algo más de claridad en todo este asunto. Confía en que puedan cumplir con los plazos estipulados para pagar todas las prestaciones, aunque tiene ciertas dudas, no solo por la cantidad ingente de expedientes, sino por los problemas de personal que arrastra la delegación territorial desde mucho antes de la pandemia.
En esa misma línea, Enrique Reguero, que aplaudió el plan de choque porque se «centra en las personas, exigió una mejora para proteger a los asalariados y prohibir los despidos, como han hecho otros países del entorno. «No podemos cometer los mismos errores que en 2008 –lo mismo apuntó Xosepe–. Lo importante ahora es atajar este virus, buscar soluciones y bajar la curva de contagios, pero vamos a salir mal parados», avisó. «Somos la provincia que mar Ertes registra, doblando al segundo, porque hay mucho comercio, pequeñas empresas y hostelería», insistió el líder de UGT, al mismo tiempo que pidió ayudas para los autónomos.
Hay incertidumbre
Las gestorías estos días no dan abasto. Tampoco los especialistas en derecho, que echan en falta algo más de información para resolver las dudas que hay alrededor del Real Decreto. «Hay mucha gente nerviosa y preocupada, sobre todo los que no están incluidos en el anexo», explica el abogado laboralista Ignacio Martínez Mata, que tampoco ve claro que puedan cumplirse los plazos «si el sistema se colapsa». Además criticó que hasta ayer no se aclarara la tramitación del cese de actividad de los autónomos que van a reclamar la prestación.
«A través de las mutuas pedían unos requisitos distintos. Además si no ha presentado un Erte a sus trabajadores no se la aceptaban», matizó.