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La Junta inyecta 100 millones y aplaza impuestos

Fernández Mañueco anuncia un nuevo paquete de medidas para las empresas

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer nuevas medidas.

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León

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer dos nuevas medidas económicas acordadas en el marco del Diálogo Social y que tendrán un impacto de 142 millones. En primer lugar, avanzó la adopción de medidas fiscales para aplazar las obligaciones de presentación y pago en determinados impuestos competencia de la Administración autonómica, con el objetivo de evitar posibles tensiones en tesorería para familias, pymes y autónomos.

Para ello, se aplaza el cobro de los impuestos de 38.000 contribuyentes aproximadamente, por sucesiones y donaciones, así como por transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados de personas físicas, pymes y autónomos.

Según informaron fuentes de la Junta, con la puesta en marcha de esta medida, desde el Gobierno quieren «transmitir» tranquilidad a la población facilitando la ampliación de los plazos inicialmente por un mes y, en sucesivos meses, si fuera necesario en caso de alargarse el estado de alarma decretado por el Gobierno.

Por último, desde el Ejecutivo recordaron que los contribuyentes que necesiten efectuar algún trámite tributario durante el estado de alarma puedan hacerlo de forma telemática en el portal tributario de la web del Gobierno Autonómico. Asimismo, se ha reforzado la atención telefónica en los Servicios Territoriales de Hacienda de todas las provincias, así como la atención a las consultas tributarias a través de correo electrónico: consultas.tributos@jcyl.es El contenido de esta iniciativa se ha consultado a los agentes del Dialogo Social en el marco de las medidas laborales, sociales y económicas relacionadas con la crisis del Covid-19.

En segundo lugar, Fernández Mañueco anunció también que inyectarán de forma inmediata, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y en colaboración con Iberaval, 100 millones de euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas para que puedan proseguir con su actividad. Con esto «el Gobierno de Castilla y León multiplica la capacidad de respuesta para hacer frente a la situación económica derivada del impacto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19».

Se trata de un impulso a la actividad económica, tras la declaración del estado de alarma, que tiene como objetivo garantizar «de forma urgente» la liquidez de las empresas y autónomos de la Comunidad. Así, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICE, pondrá en marcha préstamos avalados junto a Iberaval a partir de cuatro medidas financieras.

La primera se trata de una línea de liquidez para sostener a micropymes y autónomos bonificados dotada con 20 millones de euros; en segundo lugar se establece una línea de apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial de pymes, a través de la reorientación de las líneas de ‘ICE Financia’ que movilizará recurso por 40 millones de euros para circulante. La tercera línea se centra en obtener financiación de circulante e inversión para implementar soluciones digitales de urgencia para impulsar fórmulas de teletrabajo y modernización de empresas (25 millones) y, por último, se establece el aplazamiento en el pago cuotas sobre créditos para facilitar liquidez que movilizaría un ahorro de 15 millones de euros.

En concreto, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), pondrá a disposición de micropymes y autónomos una línea para incrementar su liquidez y ayudarlas al sostenimiento de sus actividades críticas por la crisis sanitaria. Para ello, facilitará préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses. Esta línea de avales tendrá una carencia de hasta 12 meses, una amortización de 3 años, y permitirá bonificar los costes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta 5 trabajadores y autónomos. Movilizará un valor global de 20 millones de euros.

Se podrán materializar 600 operaciones de crédito por un importe máximo de 40.000 euros con una bonificación del cien por cien de los costes financieros.

Asimismo, la Consejería de Eco

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