La Junta incorporará 500 alumnos de último curso de carreras médicas

 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado hace unos minutos en su comparecencia ante los medios que la Consejería de Sanidad va a contratar a unos 500 estudiantes de último curso de carreras vinculadas a la atención sanitaria (medicina, biológicas, farmacia, enfermería y psicología).

El objetivo es reforzar la asistencia en hospitales y centros de salud. Además, Mañueco ha hablado de un "plan de fidelización" para los estudiantes del MIR, con contratos de dos años y prorrogables un año más.

En cuanto a la situación de Catilla y León, el presidente de la Junta ha asegurado que lo "peor está por llegar" y que esperan, en las próximas semanas, un incremento del "número de fallecidos y de afectados". Es por ello que respalda la propuesta del Gobierno de endurecer las medidas para restringir la movilidad y cerrar toda actividad industrial que no sea esencial.

Mascarillas y test automáticos

"Estamos trabajando con el Ministerio de Industria para aumentar la producción del materail de protección, así como la farmacéutica" ha adelantado el presidente de la Junta. Igualmente ha avanzado que el test Covid-19 auto ha de ser extendido "cuanto antes" a toda la Comunidad, desde el Hospital del Bierzo, para iniciar esas prácticas. 

Además, Alfonso Fernández Mañueco ha querido agradecer las 270.000 mascarillas que de forma altruista se han conseguido gracias a "la ola de solidaridad" que ha habido en la Comunidad. Estas se suman a las 90.000 que ha distribuido el Gobierno y a las 158.000 que confiscaron ayer en un almacén en Ponferrada.

Economía

En otro orden de cuestiones, también ha revelado que el cobro de las cuotas y de los alquileres de viviendas de protección oficial que dependen del Gobierno autonómico quedarán aplazados hasta el final del estado de alarma.

Sobre la vivienda pública

 Fernández Mañueco, ha anunciado este domingo que el cobro de las cuotas y de los alquileres de viviendas de protección oficial que dependen del Gobierno autonómico quedan aplazadas hasta que se supere el estado de alarma.

Desde el punto de vista económico, esta medida tiene un impacto de 1,5 millones de euros al mes.