Castilla y León
Mañueco propone a Sánchez adelantar a abril las vacaciones de verano
El presidente de la Junta avanza nuevas medidas y reconoce el esfuerzo de las empresas
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, propuso ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzar al mes de abril las vacaciones de verano para que la actividad industrial no se «resienta» por el parón del coronavirus, a lo que añadió medidas autonómicas como es el aplazamiento del pago de la compra o alquiler de vivienda pública.
Fernández Mañueco lanzó esta idea en la reunión de presidentes autonómicos por videoconferencia para acordar la ampliación del Estado de Alarma hasta el 11 de abril. En este foro, el presidente de la Junta insistió en la necesidad de «endurecer» las medidas con acciones como la reducción de la actividad industrial «no esencial».
«Hemos pedido que las vacaciones de verano puedan coincidir con el mes de abril para que la actividad industrial no se resienta», avanzó. Se trata de una propuesta que Sánchez se comprometió a «estudiar».
Considera que esta iniciativa evitará que la industria «no esencial se resienta»
Por otra parte, con el objetivo de «ayudar a las familias» el presidente anunció que en materia de vivienda la Administración autonómica aplazará el pago de la cuota mensual por compra o alquiler de vivienda pública, una medida que afecta a 10.000 familias y supone una cuantía total de 1,5 millones de euros al mes, una acción que se prolongará mientras dure el Estado de Alarma.
Fernández Mañueco aseguró que esta acción forma parte de un conjunto más amplio de medidas que se anunciarán mañana tras una reunión en el marco del Diálogo Social para «proteger a los trabajadores, dar estabilidad a las empresas y favorecer la conciliación de las familias».
En este punto, el presidente reconoce el esfuerzo de las empresas y autónomos que «aguantan el tirón» sin hacer Expedientes de Regulación de Empleo y sí Ertes vinculados al coronavirus. En este punto recordó las medidas anunciadas por la Junta el pasado viernes como beneficios fiscales a empresas y familias por 42 millones de euros, que se suman a 100 millones de euros más para asegurar la liquidez de empresas y pymes. «Desde la Junta garantizamos el pago a los proveedores de la administración en tiempo breve», subrayó.