La alargada sombra del soberanismo
La sombra del ‘procés’ sigue siendo alargada en Cataluña a pesar de la crisis sanitaria. Desobedecer, no. Pero el Govern aumenta cada día la presión sobre Sánchez para que endurezca las medidas de confinamiento.
Mientras el Gobierno central se plantea endurecer el confinamiento, la Generalitat instó a Pedro Sánchez a que revierta la centralización de las competencias de salud, seguridad y protección civil. Si el jueves, el Gobierno catalán reclamaba al Ejecutivo central que le devolviera las competencias en materia de compra de productos sanitarias, tras la adquisición por parte del Ministerio de Salud de una partida de test rápida defectuosa, ayer elevó sus exigencias y ya pide la vuelta a la situación anterior a la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma, prorrogado esta semana quince días más.
Entre las medidas que el Govern no puede adoptar y que querría decretar está el confinamiento total de Igualada y de los tres municipios próximos afectados por un brote muy virulento.
CRÍTICAS AL ‘PRESIDENT’
El BOE recoge la prórroga del confinamiento de los 70.000 habitantes de la zona, pero en fase 1, no en un estadio más severo como reclama la Generalitat. El Gobierno catalán pide soluciones a los 10.000 trabajadores de la zona que deben permanecer en sus casas, sin ir a trabajar al no poder saltarse el perímetro de confinamiento para que se les dé la baja temporal y puedan seguir cobrando sus sueldos. El Govern celebró ayer una reunión extraordinaria de su consejo de gobierno, en la que adoptó dos medidas en la lucha contra el coronavirus. Por un lado, anunció la paralización de todas las obras públicas que dependen de la administración autonómica.
Quim Torra había recibido críticas por llevar pidiendo el confinamiento total de la población en sus casas desde hace diez días pero en cambio la construcción de obra pública se mantenía operativa. Además, la Generalitat declaró los servicios funerarios como prestación forzosa, lo que le permitirá fijar precios máximos para los enterramientos durante la vigencia del estado de alarma y garantizar que se hagan de forma continua y universal.