Montero aclara que la renta mínima tardará "meses" y dependerá de Escrivá

La complejidad de implantar una medida como el ingreso mínimo vital ha vuelto a chocar con la aspiración del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de aplicarla de forma inminente en medio de la pandemia que ha paralizado la economía. A pesar de que el también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 había apuntado a la posibilidad de aprobar una renta "puente" mientras dure el coronavirus hasta aprobar una definitiva, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, zanjó cualquier posibilidad: "Esperemos que en pocos meses podamos alumbrar esta nueva prestación de Seguridad Social", indicó este martes tras el Consejo de Ministros.

La titular de Hacienda repitió hasta en cinco ocasiones que es el ministerio dirigido por José Luis Escrivá (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) el competente, y que será de ese departamento de donde salga la propuesta.

En Unidas Podemos confiaban que su tesis sobre una ayuda urgente pudiera ser tratada estas semanas de abril en La Moncloa. Pero las declaraciones públicas contradictorias revelan que la de la renta mínima se ha convertido en uno de los baches que tiene que afrontar el Ejecutivo. Al menos de cara a la galería.

Porque oficialmente ni siquiera ese hipotético ingreso transitorio está sobre la mesa. "Será un salto de gigante, no son medidas que se puedan improvisar, porque son prestaciones que han venido para quedarse", indicó este martes Montero. Verificó así lo que ya había venido anunciando José Luis Escrivá en los últimos días. La ayuda será "permanente", aclaran fuentes del Ejecutivo, refiriéndose a "la que se incluía" en el acuerdo de coalición. El ministro de Seguridad Social también había aclarado que supone un reto de implantación para la Administración: las previsiones de la Airef, el organismo que Escrivá presidió antes de ser ministro, estimaba casi un millón de beneficiarios para este año, sin tener en cuenta esta crisis; y un coste superior a los 4.000 millones de euros.

Aunque no se trata tanto de un problema presupuestario sino de "diseño", apuntan fuentes gubernamentales. Entre otras cuestiones, por el solapamiento con las rentas que ya tienen en marcha varias comunidades o por los requisitos para evitar una distorsión del objetivo de esta ayuda